Luego de los trece allanamientos que se realizaron en distintos oficinas de Pami de la provincia, que incluyó uno en la sede central, el jefe de la Policía de Mendoza Roberto Munives reveló este miércoles que el fraude por venta ilegal de medicamentos es de, al menos, 50 millones de pesos.
La investigación comenzó en 2013, y ayer se logró desbaratar una banda compuesta por familiares, y que llevaban un complejo entramado delictivo. Con siete detenidos (seis en la provincia y otro en Córdoba), se pudo armar el organigrama del millonario negocio.
El comisario Roberto Acosta, el titular del PAMI Carlos Valcarcel, Gianni Venier y Roberto Munives. Foto: Cristian Lozano.
El procedimiento era el siguiente: tras acceder a la base de datos del PAMI, se obtenían drogas que tenían el 100% de beneficio en la obra social. Se recortaba el troquel y se dejaba en la receta, y posteriormente se falsificaba otro, que se pegaba en la caja de los medicamentos y era revendido en el mercado negro.
El comisario Roberto Acosta, a cargo del operativo, detalló que se secuestraron remedios (entre los que había productos que se consiguen sin receta), recibos, sellos y troqueles. "El trámite, en la provincia, quedaba legal, porque los recetarios tenían el troquel original", explicó.
Las personas involucradas
La organización tenía un organizador (identificado como J.G.), y luego proseguían dos trabajadores del PAMI: uno encargado del lavado de activos y otro que era colaboraba en las labores. Además, otro de los detenidos recolectaba medicamentos y carnets de la obra social, y un quinto era el que falsificaba las firmas de los y las profesionales. También había una persona que operaba con farmacias y, finalmente, un receptor y distribuidor de las mercaderías, que fue aprehendido en Córdoba.
Munives expresó que, al menos, la estafa asciende a $500 millones. Foto: Cristian Lozano.
Actualmente hay otro delincuente identificado, que era quien coordinaba el tráfico entre Mendoza, San Luis, Córdoba y Capital Federal, y está prófugo.
La denuncia formal fue realizada en 2013 por Eduardo Hernández, que en ese momento era director ejecutivo de PAMI, por la desaparición de recetarios. Posteriormente, un grupo de médicos notó la falta de sellos y comenzó la investigación, que fue tomada en el Justicia Federal por el Juzgado nº1.
Carlos Valcarcel, titular en la provincia del PAMI, señaló que una de las medidas que se impulsará para evitar estas situaciones será la implementación de la receta electrónica obligatoria, que entraría en vigencia el 1 de octubre.