Médicos del hospital Lagomaggiore, en alerta por cirugías a presos
El quirófano judicial del Central colapsó y utilizan otros nosocomios para achicar la lista de espera. Los antecedentes que fundamentan el miedo de los profesionales.
El Gobierno provincial lanzó un programa que promete mejorar la calidad de vida de los presos de los penales mendocinos y busca, entre otras cosas, acelerar la larga lista de espera para cirugías programadas en el sistema penitenciario. Sin embargo, quienes no están de acuerdo son los médicos del hospital Lagomaggiore (y también los del Paroissien), quienes no se sienten seguros interviniendo a personas privadas de su libertad, piden mayores medidas de seguridad, aseguran que el nosocomio no se encuentra preparado para ese tipo de operaciones y recuerdan un trágico episodio ocurrido en el año 2008.
El convenio rubricado entre el ministerio de Salud, el de Seguridad y el sistema penitenciario provincial se publicó el último 25 de agosto y con él se busca garantizar el derecho a la salud de los presos mendocinos. Una de las primeras medidas que prevé es la confección de un plan quirúrgico para los detenidos, quienes en algunos casos llevan meses esperando para una intervención simple.
El Lagomaggiore es un hospital especializado en obstetricia y quemaduras, pero no tiene infraestructura para operar a detenidos.
Lo que ocurre es que el hospital Central, el único de la provincia que tiene una sala especial para detenidos (llamada Sala Judicial y ambientada con seguridad permanente) está colapsada y no alcanza a cubrir la demanda de operaciones. Es así que los hospitales Lagomaggiore y Paroissien fueron elegidos para que ahí se realicen cirugías programadas a los presos y así poder descongestionar el nosocomio cabecera de Cuyo.
En el hospital Lagomaggiore se eligió el día sábado para que se traslade a detenidos desde los penales del Gran Mendoza y se realicen las cirugías. Sin embargo los médicos y trabajadores del lugar no fueron correctamente informados del convenio y aseguran no sentirse seguros. "Este es un hospital obstétrico, donde hay muchas madres embarazadas y bebés, por lo cual no vemos correcto que haya gente armada y se produzcan momentos de tensión en el edificio", destacaron desde el equipo de quirófano.
"Nadie nos avisó que esto pasaría. No tenemos nada contra los detenidos ni nos oponemos a operarlos, pero no están dadas las condiciones. El hospital Central tiene un lugar especial para este tipo de intervenciones, pero nosotros nos sentimos inseguros", agregó uno de los trabajadores del lugar. Desde ATE, gremio que nuclea a parte de los empleados, calificaron esta situación como "preocupante".
Los ministros Giacchi y Venier firmaron el convenio para garantizar el derecho de los presos.
La realidad es que desde hace 2 sábados y por lo menos hasta fin de año en ese hospital y en el Paroissien, de Maipú, se intervendrá quirúrgicamente a detenidos. Desde el Gobierno explicaron que el número de presos que necesitan ser operados en lo que resta del año asciende a 42, aunque dejaron en claro que sólo se realizan cirugías programadas y las urgencias siguen siendo atendidas en el Central.
La explicación oficial
Por su parte desde el Gobierno Provincial quien habló con Sitio Andino fue Ignacio Mulet, director de Enlace y Asuntos Penitenciarios y Justicia, quien resaltó la importancia de garantizar los derechos de los detenidos y aseguró que la seguridad de los profesionales de la salud está garantizada.
"En el sistema penitenciario no tenemos médicos que puedan realizar intervenciones quirúrgicas, por eso tenemos que trasladarlos a hospitales del sistema público o privado. Es cierto que actualmente sólo el Hospital Central tiene sala Judicial y no alcanza a cubrir la demanda, por lo que los detenidos son trasladados a otros nosocomios", explicó el funcionario.
"No hay situaciones de riesgo para los profesionales, se toman los recaudos necesarios. La idea es que se pueda cumplir el derecho de unos sin vulnerar los de otros. Vamos a hacer todo lo posible para que los médicos se sientan seguros y las personas privadas de su libertad puedan acceder al servicio médico", agregó Mulet.
Según explicaron desde el Ejecutivo la intensión es crear un protocolo para que los detenidos que tienen que ser operados por algún malestar en especial sean trasladados al hospital donde se trabaje esa especialidad. "La idea es trabajar de forma sistemática y no periódica para que no vuelva a producirse una lista de espera tan importante de cirugías", agregaron desde el Ejecutivo.
Los antecedentes que fundamentan el miedo de los médicos
El temor de los médicos del Lagomaggiore porque ahí se opere a reos tiene una razón de ser. Los profesionales más longevos recuerdan bien el trágico 23 de abril del año 2008, cuando 3 personas privadas de su libertad asesinaron a un penitenciario y luego escaparon del mencionado nosocomio.
En 2008 tres detenidos se escaparon del Lagomaggiore, asesinando a un efectivo penitenciario.
El hecho se produjo cuando los internos Carlos Alberto Rosales López (52), Marcelo Fabián Espinosa Navarro (39) y Alberto Bendele Echeverría (53) lograron escapar del pabellón judicial del hospital Lagomaggiore, para lo cual contaron con un arma de fuego, calibre 32, con la que mataron al agente penitenciario Nelson Haro.
Si bien los asesinos estuvieron prófugos sólo un par de horas, ya que fueron recapturados, desde ese día se cerró el pabellón judicial del Lagomaggiore y no se volvió a trasladar ahí a presos, hasta ahora.
Pero no sólo el hospital ubicado en el Parque San Martín pasó por momentos de violencia. Hace sólo un año el policía Jonathan Funes Fernández recibió un disparo en la zona intercostal y fue operado de inmediato, aunque murió minutos más tarde, lo que produjo una gran conmoción en la fuerza. Ocurrió en el Perrupato (San Martín) y por esa situación hay 3 personas detenidas que por estos días están siendo enjuiciadas.
