La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley de endeudamiento, que permite créditos por 5.800 millones de pesos, y que fue producto de un acuerdo entre el gobernador Francisco Pérez; y el electo, Alfredo Cornejo. De esta manera, y en tiempo récord, pasará rápidamente el expediente a la Cámara de Senadores, que intentará convertirlo en ley este miércoles.
Sin embargo, este proyecto no se aprobó de forma original, tal como lo redactaron Pérez y su ministro de Hacienda, Juan Gantus, en conjunto con Cornejo; sino que se establecieron algunas modificaciones, a las que accedieron desde el radicalismo.
Varios artículos, en tanto, provocaron el quiebre del Frente para la Victoria, ya que gran parte del sector Azul y La Cámpora, debatió fervientemente en oponerse y resistir a aprobar algunos de los artículos más polémicos.
Algunos intendentes peronistas, como Alejandro Bermejo, de Maipú; Emir Félix, de San Rafael; y Rubén Miranda, de Las Heras; también fueron parte de esta discusión, y presionaron para que los legisladores que responden a ellos, aprobaran la norma.
El resultado fue la aprobación por media sanción del texto que permitiría al gobernador Francisco Pérez, si se aprueba también en Senadores, a recibir dinero del Banco Nación, para hacer frente al pago de sueldos de los estatales, que deberían haber sido depositados este miércoles.
Entre las modificaciones se encuentran el artículo 2, que trata la amortización de la deuda pública, y se limitó el acceso al crédito para hacer frente a estos pagos hasta el año 2017 (2 años). Desde el PJ, se había presentado un límite de endeudamiento sólo para el 2016; y por otro lado, el texto original lo establecía por el ejercicio completo de Cornejo (4 años). Sin embargo, se pudo llegar a un término medio, para que fuera aprobado por unanimidad, salvo el FIT, que ya había adelantado su oposición al proyecto completo.
Asimismo, por pedido de los intendentes peronistas, se agregó que las aplicaciones del crédito público se sumarán, entre otros, las deudas contraídas por los municipios.
En el artículo 8, que establece la emisión de Títulos provinciales de consolidación de deuda, desde el peronismo se pidió que se especifique un tope de hasta 1.000 millones de pesos. El radicalismo accedió, aunque dejó en constancia que es lo que ya estaba estipulado en el proyecto.
Por otro lado, en el artículo 19 se agregó un párrafo para que el Poder Ejecutivo pueda pedir créditos públicos en mercados extranjeros, y no sólo en los locales.
Finalmente, se agregó un artículo más, el 23, que solicita al gobernador Francisco Pérez a que realice las gestiones necesarias para renegociar a largo plazo la deuda que contrajo este año con el Banco Nación, y que vence en el mes de diciembre.
Disidencias dentro del PJ
Tal como se preveía, algunos diputados peronistas votaron en contra de algunos artículos del proyecto. Si bien no alcanzó para rechazar la aprobación de los mismos, gran parte del sector Azul, más La Cámpora, no acompañaron el capítulo que prevé la emisión de Títulos provinciales de emisión de deuda.
Estos fueron:
De la Cámpora: Lucas Ilardo y Marina Femenía; del sector Azul: Cristian González y Gustavo Majstruk (General Alvear); Cristina Pérez, Mónica Zalazar y Juan Dávila (San Martín); Leonardo Giacomelli (quien responde a Patricia Fadel); y Luis Francisco (del sector de Alejandro Abraham).
Tanto Ilardo como Majstruk declararon a Sitio Andino que se "retrocedería en el tiempo a la gestión de Iglesias, al emitir papeles como el PETROM como moneda de pago. No queremos reeditar lo que ocurrió en momentos difíciles de la provincia. Ideológicamente no estamos de acuerdo. Pueden haber deudas o demoras pero nunca pagar con bonos, añadió el legislador del Sur.
Asimismo, expresaron que varios gremios, como también la Cámara Mendocina de la Producción, y otros proveedores del Estado, también se opusieron a la norma.
Por otro lado, nuevamente Ilardo, Majstruk y Femenía votaron negativamente a la moratoria previsional, destinada a los trabajadores del Estado que tengan la edad de jubilarse, pero no hayan acumulado los años de aporte necesarios para obtener dicho beneficio.
Sobre esto, el candidato a intendente de Godoy Cruz por el FpV opinó que se tendría que consultar con gremios, sindicatos y los mismos empleados públicos, pero no como una ley compulsiva y sin discutir las condiciones de esa moratoria.