El largo conflicto entre el Gobierno y los partidos políticos opositores parece haber llegado a su fin. Es que, con la mediación de la Suprema Corte, los principales espacios acordaron un monto para que el Estado financie una parte de la campaña electoral. El tema será ratificado en la legislatura. El Frente de Izquierda ya avisó que está en contra.
El acuerdo al que arribaron las partes fija que el Gobierno destinará el 6,4% del total del presupuesto asignado en 2014 (y reconducido para este año) de publicidad y propaganda oficial a las campañas electorales. El monto, entonces, es cercano a los $27 millones ($13,5 millones para las PASO y el mismo dinero para las generales), ya que esa pauta alcanza los 400 millones.
Además, tal como pidió la UCR, ese dinero será utilizado íntegramente en espacios audiovisuales de publicidad (radio y televisión) mientras que los espacios de publicidad callejera y la publicidad en medios de comunicación impresos y online podrán financiarse con recursos privados.
La discusión entre las partes no fue fácil: luego de que el gobernador decretara que no financiaría las elecciones, los partidos opositores presentaron un recurso en la Suprema Corte para declara la inconstitucionalidad de esa norma. Así, las partes se vieron obligadas a negociar y terminaron dejando el monto en $27 millones, cuando el radicalismo pretendía $40 millones.
Otro de los puntos que fija el acuerdo es que los partidos políticos tendrán un tope de $11 millones para los gastos de campaña que no sean asumidos por el Estado. Así, las publicidades en la calle, en los medios gráficos y las acciones que realicen los candidatos deberán estar auditadas por la Junta Electoral.
En cuanto a los municipios, los partidos acordaron que el 20% del total de espacios publicitarios audiovisuales será destinado a los candidatos comunales. Sin embargo hay controversia, ya que el 20% de $13,5 millones sería menos de $2,7 millones. Si dividimos $2,7 millones en 18 municipios el monto no alcanzaría a los $150.000 por comuna, muchas de las cuales tienen hasta 10 candidatos (como Guaymallén). Los candidatos a intendente tendrían, como mucho, 3 salidas en un mes, argumentan.
Estos cambios serán tratados el próximo viernes 13 en Diputados y el lunes 16 en el Senado. Luego, si no hay modificaciones de último momento, el Gobierno tendrá 3 días para promulgar la ley, teniendo en cuenta que la campaña debe arrancar formalmente el 19 de marzo, 30 días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
El FIT, en contra.
Finalmente, si bien todos los partidos del Frente Cambia Mendoza (UCR, PD, Socialismo, PRO, ARI, Libres del Sur, Frente Renovador) y del Frente para la Victoria están de acuerdo con un financiamiento público y privado de las elecciones, el Frente de Izquierda pone el grito en el cielo.
Esto es un mamarracho, es como si yo te robo todo y te dejo que te quedés con tu ropa. Están habilitando por ley el financiamiento privado de las elecciones, para que sean los empresarios los que elijan a los candidatos y a los que después tengan que responderles, dijo Nicolás Del Caño, visiblemente enojado luego de la reunión en la Suprema Corte.
De esta forma, la izquierda avisa que seguirá planteando la inconstitucionalidad de la ley y se opondrá en la Legislatura a que sean los privados los que financien los comicios.