Para reinstaurar la vigencia de normas administrativas en defensa de los intereses nacionales, la recientemente reelecta presidente Cristina Kirchner tuvo que romper con la tradición cimentada por Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, que aplicaron medidas favorables al capital minero y petrolero internacional.
La historia tiene un recorrido que vale la pena detallar. En sus intensos esfuerzos por confrontar el lento pero progresivo angostamiento de las disponibilidades oficiales de dinero, Cristina eligió esta semana asociarse finalmente al camino emprendido por los presidentes radicales Arturo Illia en 1964, Raúl Alfonsín en 1986 y Fernando de la Rúa en 2001.
Fue en 1964 cuando el gobierno de Arturo Illia, apremiado por la necesidad de evitar la distorsión del mercado de divisas y proteger el valor de la moneda argentina, promulgó el decreto 2581, que en su artículo 1º declaraba la obligatoriedad de liquidar la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones mineras y energéticas en el mercado único de cambios. Illia firmó ese decreto el 10 de abril de 1964 junto a sus talentosos ministros Eugenio A. Blanco y Carlos A. García Tudero.
Más de dos décadas después, el gobierno de Alfonsín, a través del artículo 10º del decreto 1555, condicionó en 1985 el reintegro de impuestos a los exportadores a que las divisas generadas por las operaciones de exportación ingresaran al país y fueran depositadas en una cuenta bancaria de una entidad financiera sujeta a fiscalización del Banco Central. Pero con el triunfo del peronismo, las cosas cambiaron.
En 1989 y mediante el decreto 1589, el gobierno de Carlos Menem eliminó esa obligación de liquidar el total de las divisas en el ámbito interno, resuelta por Alfonsin, otorgándoles la libre disponibilidad del 70% de las divisas generadas por exportaciones de petróleo crudo o derivados. La apertura se completó en 1991, siempre con el peronismo en el poder, cuando el decreto 530 de Menem le otorgó al sector minero-energético la libre disponibilidad del 100% de sus dólares.
Derrotado el peronismo en 1999, el presidente De la Rúa retomó la línea Illia-Alfonsin, cuando emitió en 2001 el decreto 1606 revalidando la obligación de los exportadores de hidrocarburos de liquidar el 100% de las divisas producidas por las exportaciones de petróleo y sus derivados.
Tras la caída en diciembre de 2001 del gobierno de la Alianza, retorna el peronismo al poder en enero de 2002 y el 27 de diciembre de ese año, el presidente Eduardo Duhalde sanciona el decreto 2703, que favorece a las productoras de hidrocarburos con la posibilidad de liquidar sólo el 30% de las divisivas obtenidas por las exportaciones de petróleo, demostración de que retornaba el favoritismo para las actividades extractivas. Se restablecía así un privilegio discriminatorio en relación al capital nacional.
El gobierno de Menem deshizo las normas de Illia, que serían revalidadas por Alfonsín. De la Rúa retomó la continuidad de Illia, pero Duhalde dejó todo sin efecto en diciembre de 2002, cuando -en medio del desbarajuste del colapso de la convertibilidad y el golpe atroz de la macro-devaluación del peso- le dio la derecha a las presiones de las productoras y repuso el privilegio de que las explotadoras de minerales siguieran transfiriendo a ultramar unos US$ 2.800 millones de dólares ($8.400 millones de pesos de entonces). Al liquidar sólo el 30% de sus ventas, depositaban en el exterior unos U$ 3.500 millones.
La concesión de Duhalde se consumó con el decreto 2703 de 2002, firmado pese a la negativa del Banco Central y en contra de dos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, para la que los regímenes que exceptuaban a las petroleras de liquidar sus ingresos por exportaciones en el país habían quedado sin efecto como resultado de la ley de emergencia económica.
El artículo 1º de ese decreto de Duhalde otorga la libre disponibilidad de las divisas de los productos nombrados, ó cualquier otro hidrocarburo, equivalente a autorizar a las petroleras a una fuga legalizada de divisas al exterior. El artículo 3º facultaba a los exportadores a pagar impuestos y retenciones sobre el porcentaje no disponible.
Ya en ese momento, fuentes especializadas advertían que a todo esto debe añadírsele que los sospechosos mecanismos de control del volumen exportado, principalmente el realizado a través de los ductos, dejan un grueso margen de discrecionalidad y maniobrabilidad de la información proporcionada por las petroleras.
Kirchner ratificó en 2004 la línea de Menem y Duhalde, con su decreto 753 por el cual reiteraba la excepción a las exportadoras mineras y petroleras de liquidar obligatoriamente las divisas en el país. Ese decreto llevaba la firma del ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Es de esta manera que se llega al decreto 1722 de esta semana, firmado por Cristina Kirchner, dejando sin efecto la norma estampada en 2004 por Néstor Kirchner, restableciendo los alcances de la doctrina Illia, oportunamente suscripta por Alfonsin y De la Rúa, y obligando de nuevo a las petroleras y mineras a volcar todos sus dólares al mercado interno.
Durante la totalidad del mandato de Kirchner y a un mes de medio de completarse el periodo de Cristina, el sector exportador de hidrocarburos y de minería disfrutó de un régimen privilegiado diferencial para la liquidar sus divisas.
Al decidir reescribir la historia y rectificar lo actuado por Kirchner, justo en la semana del primer aniversario de su fallecimiento, el gobierno de Cristina restablece la obligatoriedad de volcar las divisas en el mercado local "por razones de equidad" y argumentando de manera muy débil que "habiéndose modificado las circunstancias (sic) que dieran origen a las excepciones aludidas y, con la finalidad de otorgar un trato igualitario respecto de las demás actividades productivas, como por ejemplo las del complejo agro exportador".
En vista de este razonamiento, ¿puede acaso trazarse una línea que conecte a los presidentes peronistas Menem, Duhalde y Kirchner, que gobernaron este país durante casi diecisiete años? La actual conducción política de la Argentina ha dado varias clases magistrales de interpretaciones contradictorias de la realidad, conforme a los intereses coyunturales que la agarrotaban. No cabe esperar, por lo tanto, encendidas excusas en estos asuntos.
Los Kirchner avalaron la política petrolera de Menem hasta bien avanzado 1996 y se hicieron de los fondos de la venta de YPF. Han endosado sin fallas una estrategia de impulso a la minería a cielo abierto, hasta las medidas de esta semana. Pero esta columna política no es ni podría ser un tratado de minería. Es un análisis de cómo el kirchnerismo y ahora el cristinismo, mudan sus posturas sin mayor angustia por las ortodoxias ideológicas.
Éste ha sido un capítulo jugoso de un inevitable proceso de elaboración del duelo por una Presidenta que pronto comenzará a vestirse de colores, e irá dejando de lado el negro. Ha demostrado que puede diferenciarse de su marido muerto.
¿En qué otras cosas y de que maneras querrá y podrá ir diferenciándose? Al regresar a una medida tomada por el presidente Illia hace casi medio siglo, el Gobierno revela esa frescura casi inefable que hace del movimiento peronista una sustancia política verdaderamente apta para todos los terrenos.
