El Gobierno de Perú, cuestionado por organismos internacionales por la represión de las protestas, rechazó la posibilidad de elecciones en 2023 con el argumento de que no serían transparentes, mientras sumó nuevos roces diplomáticos con países de la región y bancadas de izquierda presentaron en el Congreso una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte.
“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular. Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, advirtió el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Insistió el funcionario en que existe un pedido de adelanto de comicios, algo “tan confuso como querer asumir que estos sectores violentistas que están vulnerando los derechos fundamentales de los peruanos van a poner las condiciones para que sean atendidas por el sistema democrático”.
Otárola salió así al cruce de un pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para que las elecciones sean en el 2023 y no en abril del 2024, como votó ya el Congreso, aunque todavía debe ratificar esa fecha en un nuevo periodo.
Más allá de la complejidad de montar un proceso eleccionario, las palabras del jefe de ministros parecen alimentar el cuadro de protestas que desde el 7 de diciembre -tras la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia- se presenta en todo el país con ese reclamo de comicios como eje.
Con todo, Otárola dejó al Congreso la responsabilidad de fijar la fecha electoral para “descongestionar el ambiente político”, según declaró al limeño Canal N.
Y justamente el Congreso abrió esa chance hoy: el fujimorista Hernando Guerra pidió reconsiderar la votación sobre la fecha para que el nuevo texto sustitutorio establezca que el recorte de mandato presidencial y congresal se dé en diciembre de 2023, lo que obligaría a sufragar antes.
El solo pedido generó cruces y polémicas, acusaciones encontradas y gritos en el recinto, por lo que el titular del cuerpo, José Williams, levantó la sesión hasta mañana a las 9 (11 de Argentina).
No fue el único título que entregó el Congreso, donde se presentó una moción de vacancia contra Boluarte, en virtud de su "permanente incapacidad moral" para seguir al frente de la jefatura del Estado por la respuesta gubernamental a las manifestaciones.
La iniciativa es del grupo de parlamentarios de Perú Libre, Cambio Democrático y Perú Democrático, que señaló a Boluarte como responsable directa de las 46 muertes -según cifras oficiales- producidas en el marco de la represión.
El proyecto advierte que el país “está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden”, situación que atribuye “al uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano".
La moción de vacancia parece más simbólica que real: necesita 66 votos para que sea admitida a trámite y luego 87 votos para concretarse.
Fuente: Télam