Perú

Dina Boluarte, acorralada por informes de violaciones a los derechos humanos

Diferentes informes de derechos humanos acusan a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en una situación comprometida por informes internacionales que documentan excesos en la represión de la protesta popular, según coinciden analistas que reprochan, además, un supuesto doble discurso del gobierno frente al tema.

Para la abogada y periodista Rosa María Palacios, los informes podrían incluso conducir en el futuro a la cárcel a Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otárola, con lo que continuaría la tendencia a que los presidentes peruanos pasen del Palacio a una celda.

CIDH informa que sí hubo violaciones a derechos humanos en Perú durante protestas contra Boluarte

“La presidenta está tocada de nervios y preocupada, porque hoy está en un punto sin retorno al que la han llevado de una manera muy irresponsable algunos de sus colaboradores”, comentó el abogado y periodista Glatzer Tuesta, experto en derechos humanos.

Esos colaboradores, según Tuesta, “le han dicho (a Boluarte) ‘ya sigamos hasta el final, porque no hay manera de revertir nuestra acción frente a estos graves hechos’”, lo que explica supuestamente las respuestas contradictorias del gobierno.

Un informe de fines de abril de Human Rights Watch (HRW), al que la presidenta descalificó con el argumento de que la fuente “es solo una ONG”, fue seguido esta semana por otro igual de contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habla de excesos cometidos por fuerzas militares y policiales.

HRW y la CIDH, tras sus investigaciones, responsabilizaron al gobierno y a sus fuerzas armadas de la represión desatada entre diciembre y marzo, cuando 49 civiles murieron en forma directa en las protestas que exigían la salida de Boluarte y la convocatoria a elecciones generales, cifra que pasa de 60 si se incluyen los efectos colaterales.

Medios de prensa independientes comprobaron, además, que mientras Boluarte y Otárola defendían públicamente a militares y policías, de los que dijeron que solo cumplieron con su deber, en una respuesta privada a la CIDH virtualmente reconocieron abusos y deslizaron las culpas hacia mandos de las fuerzas armadas que, según su argumentación, desobedecieron directrices del gobierno.

Dina Boluarte, Congreso de Perú
Dina Boluarte, presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

Dina Boluarte, presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

Esos excesos “son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”, indica el documento, criticado por constituir supuestamente un doble discurso frente al asunto.

En la misiva, el gobierno destaca incluso que buena parte de los jefes de patrullas que intervinieron en las operaciones ya fueron cambiados de destino, como ocurrió por ejemplo en el departamento de Ayacucho, donde los relevos incluyen a hasta 75 % de la oficialidad.

Los informes de la CIDH y HRW, tildados de “demoledores” por la oposición, se conocieron además en un contexto en que, según diversas encuestadoras, el respaldo a Boluarte sigue en caída y el rechazo a la mandataria bordea el 80%.

Miles de peruanos salieron a calles y campos para exigir la renuncia de Boluarte, quien, al asumir el mando el 7 de diciembre en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, señaló que pensaba quedarse hasta 2026, cuando termina el período ordinario, con lo que hacía caso omiso al clamor de que se llame a la brevedad a elecciones presidenciales y parlamentarias.

Fuente: Télam

Te Puede Interesar