El Gobierno reglamentó parte de la reforma laboral que reduce contribuciones para incentivar empleo formal. Alcance, condiciones y dudas sobre su impacto real.
El gobierno reglamentó parte de la reforma laboral que busca formalizar contrataciones
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un instrumento incluido en la Ley de Modernización Laboral conocida como reforma laboral y que por ahora quedó fuera de los cuestionamientos judiciales a la misma.
La iniciativa apunta a promover la incorporación de trabajadores al empleo registrado en el sector privado mediante una reducción significativa de las contribuciones patronales. Sin embargo, el posible alcance efectivo está en discusión en un escenario de caída del empleo y elevada informalidad, lo que abre interrogantes sobre su capacidad para modificar la dinámica laboral de hoy en la Argentina.
No es menor que, además, el nuevo régimen reglamentado convive con una serie de incentivos reales (algunos incluidos, insólitamente, en la misma ley) que promueven la contratación informal de trabajadores por parte de los empleadores.
El decreto establece las condiciones operativas del RIFL, precisando los sujetos alcanzados, los procedimientos administrativos y los beneficios asociados a la incorporación. Los empleadores que opten por adherir deberán registrar a los trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, período durante el cual regirá el incentivo.
El esquema contempla ciertas restricciones. En particular, los empleadores que incorporen personal a partir del 10 de diciembre de 2025 podrán incluir bajo este régimen hasta el 80% de su nómina. En los demás casos, no se establecen límites. Asimismo, se prohíbe la reincorporación de trabajadores desvinculados en los doce meses previos bajo esta modalidad, con el objetivo de evitar sustituciones artificiales para acceder a los beneficios.
El universo de trabajadores alcanzados incluye a quienes no contaban con empleo registrado a la fecha de corte, personas desempleadas durante al menos seis meses, monotributistas y empleados del sector público. El régimen admite, además, que los beneficiarios mantengan ingresos provenientes de otras actividades económicas sin perder las ventajas previstas.
El principal incentivo radica en la reducción de las contribuciones patronales. Mientras que el esquema vigente establece alícuotas de entre el 18% y el 20,4%, el RIFL fija un aporte unificado del 5% durante los primeros 48 meses de la relación laboral. De ese total, un 2% se destina al sistema previsional, asignaciones familiares y fondo de empleo, y el 3% restante al sistema de salud para jubilados. La reducción constituye un alivio relevante en el costo de contratación, aunque circunscripto a nuevas incorporaciones y sujeto a condiciones específicas.
El decreto mantiene, no obstante, las contribuciones diferenciales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán continuar abonando un adicional del 2%. También introduce una interacción con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece aportes obligatorios del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes. Este fondo, aún pendiente de reglamentación plena, no se integra al esquema reducido del RIFL, sino que se liquida por separado.
La normativa prevé mecanismos de control y sanción. El incumplimiento de las condiciones del régimen o la verificación de prácticas indebidas implicará la pérdida de los beneficios, junto con la obligación de recomponer las contribuciones no abonadas, con sus respectivos intereses y penalidades. En este sentido, el RIFL no fue concebido como un instrumento de regularización de empleo no registrado, a diferencia de otros regímenes de blanqueo vigentes en el pasado.
En paralelo, la reforma laboral incluye un apartado orientado a la regularización de relaciones laborales deficientes, aunque todavía no ha sido reglamentado. Este punto convive con el RIFL, pero responde a una lógica distinta: mientras uno incentiva nuevas contrataciones, el otro busca ordenar situaciones preexistentes.
Según datos oficiales, la desocupación alcanza al 6,6% de la población económicamente activa, mientras que la informalidad se ubica en niveles cercanos al 40% si se consideran distintas formas de empleo no registrado. A esto se suma una contracción del empleo formal en los últimos años, con pérdida de puestos de trabajo y reducción en la cantidad de empleadores.
El interrogante central es si la reducción de cargas sociales puede traducirse en una expansión del empleo registrado. Las opiniones del sector privado tienden a relativizar el impacto inmediato de la medida. Consultoras especializadas coinciden en que las decisiones de contratación responden principalmente al nivel de actividad y a las perspectivas económicas, más que a modificaciones normativas.
El RIFL aparece como un incentivo puntual, que puede mejorar las condiciones de contratación en determinados casos, pero no altera los factores estructurales que determinan la demanda de trabajo. La industria, uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad, ofrece un ejemplo de estas limitaciones: pese a los cambios regulatorios, las empresas continúan ajustando su dotación en función del consumo, la competitividad y el acceso al financiamiento.
Al mismo tiempo, la reforma laboral introduce otros elementos orientados a reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a las relaciones laborales. Entre ellos, la simplificación de la base indemnizatoria, la posibilidad de pago en cuotas de sentencias judiciales y una mayor definición de los criterios que delimitan la relación de dependencia. Estas modificaciones buscan disminuir el riesgo asociado a la contratación, aunque su impacto también dependerá de su implementación efectiva en una economía real que no deja de caer.