El acuerdo con el FMI aparece como un puente hasta la mejora de las exportaciones en 2030 pero agrega una cuota extra de inestabilidad económica a la Argentina
El gobierno argentino firmó el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares, en un contexto de fuerte desequilibrio macroeconómico, atraso cambiario y presión inflacionaria.
La medida, que busca garantizar la estabilidad financiera y construir un “puente de dólares” hacia el prometido boom exportador de energía y minería en 2030, genera múltiples interrogantes sobre su sostenibilidad y su impacto económico y social.
Uno de los puntos centrales del diagnóstico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el análisis del acuerdo con el FMI, es el atraso cambiario. Al 8 de abril de 2025, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se encontraba un 18,6% más apreciado que el promedio de 2023. Esta situación se vio agravada por la devaluación de las monedas de Brasil y China —principales socios comerciales de Argentina—, lo que encareció aún más el peso en términos relativos y deterioró la competitividad externa.
Este escenario no es nuevo. Tal como lo advirtió el propio Domingo Cavallo —quien lideró la economía argentina en los años 90—, una apreciación excesiva del peso genera aumento de importaciones, desaliento a las exportaciones y un creciente déficit en la cuenta corriente, como el que ya se refleja en las cifras más recientes: desde julio de 2024, la balanza de pagos muestra déficits mensuales constantes.
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La política económica de Javier Milei arrancó con una fuerte devaluación en diciembre de 2023 que redujo drásticamente las importaciones y generó un superávit comercial inicial. Pero el impulso fue efímero. Entre junio y septiembre de 2024, las reservas dejaron de acumularse, marcando un estancamiento en la entrada de dólares.
La siguiente jugada fue el lanzamiento de un programa de blanqueo de capitales en octubre de 2024, que inyectó 22.000 millones de dólares. Esta nueva fuente de financiamiento reemplazó a la balanza comercial como principal vía de ingreso de divisas durante varios meses. Sin embargo, ese esquema también mostró límites.
Para el CEPA, el nuevo acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales apunta ahora a consolidar un nuevo ciclo de endeudamiento externo con la promesa de grandes inversiones futuras.
El nuevo programa establece una “unificación cambiaria” con bandas de flotación entre los 1.000 y 1.400 pesos, una amplitud del 40% (que se irá ampliando mes a mes), con posibilidad de intervención del Banco Central dentro de ese rango. Si bien este modelo busca dotar al mercado de mayor previsibilidad, también anticipa mayor volatilidad del tipo de cambio y, en consecuencia, de los precios.
Al mismo tiempo, se eliminaron restricciones cambiarias claves para personas humanas y jurídicas, aunque persisten límites en áreas sensibles como el giro de dividendos acumulados antes de 2025 y el pago anticipado de importaciones no vinculadas a MiPyMEs, lo que debería quitar un poco de presión sobre el mercado del billete norteamericano.
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El salto cambiario y la liberación de precios regulados anticipan un repunte inflacionario. El IPC de marzo ya mostró una suba del 3,7%, cortando la tendencia a la baja. Pero el propio FMI prevé un escenario de inflación más controlada, con una meta ambiciosa de entre 18 y 23% para 2025. CEPA advierte que este objetivo luce poco realista ante el contexto actual y las medidas de desregulación exigidas por el organismo.
El nuevo programa contempla un sendero de ajuste fiscal progresivo: 1,6% del PBI de superávit primario en 2025, 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027. Para el CEPA, estas metas se cumplirán principalmente a través de recortes en subsidios energéticos (ya anunciados), asistencia social y seguridad social, además de aumentos puntuales en impuestos como Ganancias y Combustibles.
Pero el plan no se limita al ajuste; de la lectura del acuerdo se desprende el compromiso de reformas profundas. En lo laboral, se busca fomentar la adhesión al nuevo régimen que flexibiliza negociaciones y despidos. En lo tributario, se proyecta una reforma para fines de 2025 que incluye armonización del IVA, traslado de monotributistas al régimen general y reducción de impuestos distorsivos. También se prevé una reforma previsional y una avanzada privatizadora bajo el paraguas de la Ley Bases.
Uno de los puntos más críticos del informe del FMI —y retomado por CEPA— es la advertencia sobre la sostenibilidad del acuerdo. Las necesidades de financiamiento externo para 2025 ascienden a 47.000 millones de dólares, mientras que los ingresos proyectados son de 31.800 millones. La diferencia se cubre con el nuevo crédito del Fondo, lo que implica una exposición récord: Argentina pasará de representar el 36,9% del total de préstamos otorgados por el FMI al 43,1%.
Además, el staff del organismo reconoce que la capacidad de repago del país está sujeta a “riesgos excepcionales” y condicionada a una recuperación sostenida del acceso al mercado internacional de crédito a partir de 2026. La acumulación de reservas prevista también luce desafiante: al cierre de marzo, las reservas netas eran negativas en más de 7.000 millones de dólares y para cumplir la meta de diciembre deberían aumentar en casi 9.000 millones.
El gobierno apuesta a que este endeudamiento funcione como un “puente” hacia 2030, cuando el superávit energético y minero —impulsado por Vaca Muerta y nuevas infraestructuras— permitiría aliviar las cuentas externas. Sin embargo, el camino hasta entonces es incierto.
El riesgo país continúa alto, lo que dificulta el acceso al crédito privado. Las reformas estructurales, si bien celebradas por algunos sectores, podrían tener altos costos sociales en el corto plazo. Y el impacto inflacionario de la liberalización podría deteriorar aún más el poder adquisitivo.
En palabras del CEPA, el acuerdo con el FMI presenta elementos de riesgo tanto en el frente externo como en el monetario, y su viabilidad depende no sólo del cumplimiento técnico de metas, sino de su aceptación social y política.
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