El acuerdo Mercosur - Unión Europea abre un mercado clave, pero expone riesgos industriales, ambientales y un fuerte desafío de competitividad estructural.
El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de ser tratado por el Congreso argentino.
El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de ser tratado por el Congreso argentino y frenado en Europa (hasta nuevo aviso) por reclamos judiciales de los propios parlamentarios europeos, podría acercar a la Argentina a un mercado de casi 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, bloque que representa el 15% del PBI mundial.
Sin embargo, más allá del entusiasmo inicial, el IERAL de la Fundación Mediterránea advierte que un análisis pormenorizado del texto revela un escenario complejo donde conviven oportunidades inéditas de expansión con severos desafíos de competitividad.
El trabajo afirma que el corazón del tratado reside en una liberalización comercial que, afortunadamente para las asimetrías del bloque sudamericano, no será recíproca en sus tiempos. Bruselas se ha comprometido a una eliminación de aranceles mucho más agresiva: el 80% de sus partidas arancelarias caerían de forma inmediata, incluyendo el 99% de la oferta agrícola.
En contrapartida, el Mercosur gozaría de plazos de transición que se extienden hasta los 15 años para proteger sectores sensibles como la industria automotriz, autopartes, químicos y maquinarias, contando además con mecanismos de salvaguarda si las importaciones aumentan súbitamente causando daño a la industria local.
El impacto más tangible se podría observar en aquellas regiones que ya poseen una matriz exportadora consolidada hacia el viejo continente. Actualmente, la UE absorbe el 10% de las exportaciones argentinas, unos 8.300 millones de dólares anuales. En este esquema, la región Pampeana y el Noroeste (NOA) aparecen como los primeros beneficiarios gracias a lo que podría ser una reducción de costos en envíos de harina de soja, carne vacuna, biodiésel y cítricos.
El trabajo de la Fundación Mediterránea advierte que el fenómeno económico que se espera es la “creación de comercio”: la aparición de nuevos flujos de exportación. La carne vacuna en la pampa húmeda, la pesca en la Patagonia y el maní en Córdoba verán una desgravación inmediata. Del mismo modo, las economías regionales de Cuyo, específicamente Mendoza y San Juan, anticipan un escenario favorable para las nueces y una liberalización progresiva para el vino.
La fundación advierte que la moneda tiene otra cara: la “desviación de comercio”. El riesgo latente es que la producción argentina pierda terreno en su propio Mercosur frente a la competencia europea.
El sector industrial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los polos de Córdoba y Santa Fe enfrentan la amenaza de que Brasil sustituya manufacturas argentinas por bienes de capital y vehículos europeos, que cuentan con mayor escala y tecnología de punta. Aunque la protección arancelaria del 35% para autos se desmantelará gradualmente, la presión competitiva será inevitable.
Un espejo donde mirarse es el caso de Chile, país que mantiene acuerdos con ambos bloques. El análisis del mercado trasandino demuestra que es posible competir: Argentina mantiene el liderazgo en alimentos y energía, mientras que Europa domina en maquinaria y farmacéutica. Sin embargo, en rubros como lácteos y vehículos de carga existe una paridad que sugiere que, con la eficiencia adecuada, la industria nacional puede encontrar sus nichos.
Un desafío que no se resuelve con aranceles es el ambiental. El acuerdo exige el cumplimiento del Acuerdo de París y garantiza que productos como la soja o la carne provengan de tierras libres de deforestación, un requisito crítico para el desarrollo del NOA y el NEA.
Más preocupante aún es la posible clasificación del biodiésel como cultivo de “alto riesgo” por el cambio de uso del suelo, lo que podría erigirse como una barrera no arancelaria para uno de los principales productos de exportación argentinos.
El análisis elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea proyecta a Cuyo como la región con mayor potencial de ganancia neta, impulsada por la vitivinicultura y la minería, aunque con alertas en el sector del aceite de oliva. La Patagonia, por su parte, se debate entre el auge pesquero y energético y la fragilidad del polo electrónico de Tierra del Fuego ante la importación tecnológica.
En definitiva, el acuerdo actúa como un catalizador de “efectos dinámicos”: estímulos a la inversión y mejoras en la calidad. Para que el saldo sea positivo, el país no puede descansar en los cronogramas de desgravación. La apertura exige acelerar las reformas estructurales que reduzcan el “costo argentino”, mejoren la logística y permitan que, tras 15 años de transición, el tejido productivo nacional esté a la altura del desafío global.