El fallo por bonos atados al crecimiento presiona al país a entregar datos financieros y energéticos en el exterior para ejecutar una sentencia millonaria.
Los litigantes contra la Argentina ya ejecutaron garantías por unos 313 millones de euros.
Foto: ReutersLa Justicia del Reino Unido ordenó a la Argentina revelar información sobre cuentas bancarias, contratos energéticos y otros activos en el exterior en el marco del juicio por los cupones atados al crecimiento económico. La medida apunta a facilitar posibles embargos para ejecutar un fallo millonario contra el país.
La decisión judicial se vincula con la causa por la versión en euros del Cupón PBI, que tiene sentencia firme en Londres desde 2024 y obliga al Estado argentino a pagar más de 1.300 millones de euros, cifra que se incrementa con intereses. El Gobierno ya no tiene instancias de apelación y enfrenta la presión de los acreedores para cumplir la sentencia.
La orden del tribunal británico exige que el país proporcione datos dentro del proceso de discovery, el mecanismo judicial para identificar bienes embargables. Se trata de un paso clave para que los demandantes puedan cobrar el fallo.
Entre la información solicitada figuran:
Listado de cuentas bancarias y financieras en el exterior, incluidas cuentas de corretaje, custodia o fiduciarias.
Detalle de deudas superiores a US$1 millón contraídas con la República por deudores extranjeros.
Contratos firmados con petroleras y empresas energéticas internacionales, incluyendo concesiones offshore y proyectos de exploración.
La orden también alcanza concesiones energéticas recientes y acuerdos vinculados al sector petrolero. El objetivo es identificar cualquier activo o ingreso susceptible de embargo.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que los beneficiarios del fallo buscan “embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la Argentina por la falta de pago”.
La causa se originó por la modificación del cálculo del crecimiento económico durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el INDEC informó en 2013 una expansión del 3,2%, por debajo del umbral necesario para activar pagos a los tenedores de cupones PBI.
Los fondos demandantes sostienen que, con la metodología anterior, el crecimiento habría superado el nivel requerido y el país debería haber abonado intereses entre 2014 y 2018, además de otros períodos posteriores.
El instrumento financiero había sido creado tras el canje de deuda de 2005, impulsado por el entonces ministro Roberto Lavagna, y preveía pagos adicionales si el crecimiento superaba cierto porcentaje anual.
El litigio fue impulsado por fondos internacionales como Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald, que obtuvieron un fallo favorable en Londres. En 2025 ejecutaron una garantía por unos 313 millones de euros depositada por la Argentina para apelar la sentencia.
Según la Procuración del Tesoro, aún resta pagar cerca de 1.000 millones de euros, lo que ubica a este caso entre los más relevantes en monto para el país.
Además, los acreedores sostienen que la Argentina no coopera plenamente con las medidas destinadas a ejecutar la deuda judicial y continúa acumulando intereses diarios.
El caso del Cupón PBI se desarrolla en paralelo en el Reino Unido y en Estados Unidos, debido a que existían versiones en euros y en dólares de estos títulos.
Mientras en Londres ya hay sentencia firme y se avanza en la búsqueda de activos embargables, la causa en EE.UU. aún continúa en trámite.
La presión judicial se da en un contexto de negociaciones y disputas sobre la deuda externa argentina. Incluso, un informe del Fondo Monetario Internacional mencionó contactos entre el país y acreedores, aunque los demandantes negaron que existan conversaciones en curso.
El escenario abre un nuevo frente financiero para el Gobierno: si no se alcanza un acuerdo o no se paga el fallo, los acreedores podrían avanzar con embargos sobre activos y contratos en el exterior.
Fuente: con información de Infobae y TN