El conflicto por un cable submarino chino desató una crisis diplomática entre Chile y Estados Unidos y expuso la disputa global por la infraestructura digital.
A 15 días del traspaso presidencial en el Palacio de La Moneda, Chile quedó súbitamente envuelto en un entuerto internacional de proporciones que involucra al Presidente Gabriel Boric, a Estados Unidos y China, y le deja una bomba inesperada a José Antonio Kast.
El inesperado escándalo internacional deja expuesta una de las tensiones más delicadas de la política internacional contemporánea: la disputa por el control de la infraestructura digital global. El escándalo incluye la revocación de visas estadounidenses al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones, Guillermo Petersen.
El increíble escándalo internacional, que contempla una reprobable e inaceptable injerencia de los Estados Unidos, de Donald Trump y Marco Rubio en la política y la vida institucional y comercial de Chile, se desencadenó el 27 de enero, cuando el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que sellaba largas negociaciones y aprobaba la concesión para que un consorcio liderado por la estatal china China Mobile instalara un cable submarino de fibra óptica de casi 20.000 kilómetros entre Hong Kong y Concón.
Apenas dos días después, el acto administrativo fue anulado. Lo que inicialmente se atribuyó a errores era, en realidad, el corolario de dos jornadas de presiones inigualables de los Estados Unidos que terminaron en una crisis diplomática de alcance mayor, tras las advertencias formales de seguridad emitidas por la embajada del gobierno de Donald Trump.
La reacción de Washington a la aprobación del proyecto fue inmediata y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la conducción de Marco Rubio, revocó casi al instante las visas de los funcionarios y sus familias, acusándolos de comprometer infraestructura crítica y de “socavar la seguridad regional”.
La Cancillería chilena calificó la medida como unilateral y carente de fundamentos, pero el mensaje político es inequívoco: ciertos proyectos tecnológicos son considerados por Estados Unidos asuntos estratégicos no negociables, y no importa quién, dónde o cuándo, las represalias serán inmediatas.
La “preocupación norteamericana” reside en el rol central de los cables submarinos en la economía digital. Más del 95% del tráfico mundial de datos (financieros, comerciales, gubernamentales y militares) circula por estas arterias invisibles.
Desde la óptica de la seguridad estadounidense, las empresas chinas representan un riesgo potencial debido a la legislación de su país de origen, que las obliga a colaborar con los servicios de inteligencia. La posibilidad de interceptación de datos, inserción de vulnerabilidades o interrupciones deliberadas del flujo informativo alimenta una desconfianza de Estados Unidos que se extiende a toda iniciativa vinculada a Pekín.
Mientras José Antonio Kast se prepara para viajar a Miami para asistir el 7 de marzo a la “Shield of The Americas” (“Escudo de las Américas”), cumbre que reunirá a mandatarios y líderes de la región para discutir temas vinculados al crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal, el embajador estadounidense en Santiago elevó el tono de la confrontación con el gobierno saliente de Gabriel Boric.
Advirtió que la permanencia de Chile en el programa de exención de visas depende de garantías absolutas sobre la seguridad de la información. La frase “todo está sobre la mesa” funcionó como una advertencia explícita, difícil de ignorar para un país que mantiene una relación histórica de cooperación con Washington.
El proyecto cuestionado no es una ocurrencia reciente. Sus orígenes se remontan a 2016, durante la administración de Michelle Bachelet, aunque quedó congelado en 2019 tras la presión ejercida por el entonces secretario de Estado Mike Pompeo sobre el gobierno de Sebastián Piñera.
Desde la perspectiva chilena, los beneficios técnicos y económicos de una conexión directa con Asia son significativos: reducción de latencia, menores costos y la posibilidad de consolidarse como un nodo digital del Pacífico Sur, con proyección hacia el mercado brasileño.
En paralelo, el Estado chileno avanza sin mayores fricciones en el cable Humboldt, una iniciativa desarrollada junto a Google para conectar Sudamérica con Oceanía, que cuenta con el aval de Estados Unidos. Como en todo, la vara geopolítica está bien diferenciada: infraestructuras similares reciben evaluaciones radicalmente distintas según el origen del capital que las impulsa.
Si bien Gabriel Boric defendió públicamente la soberanía de las decisiones nacionales y rechazó cualquier tipo de presión externa, finalmente puso en pausa el proyecto chino y lo dejó bajo análisis de los organismos de Defensa, una forma elegante de no escalar el conflicto a días de su despedida de La Moneda y dejar la definición final en José Antonio Kast. No hace falta ser un experto para imaginar cuál será el final del proyecto.
La controversia del cable submarino muestra crudamente cómo la infraestructura digital se ha transformado en un campo de disputa geopolítica, comparable al control de las rutas marítimas o de los recursos energéticos. En ese escenario, la neutralidad tecnológica aparece como una ficción difícil de sostener.
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