Entidades vitivinícolas presentaron el amparo para frenar la desregulación del INV y alertan por la pérdida de trazabilidad y controles desde enero de 2026.
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Tal como lo adelantó Sitio Andino, en la jornada de hoy las entidades vitivinícolas presentaron ante la Justicia Federal de Mendoza la acción de amparo contra las desregulaciones en las normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Ante la presentación de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), entre otras, será la Justicia quien tenga la última palabra sobre la decisión del Gobierno nacional de desregular hasta casi desaparecer todas las normativas de control de la industria vitivinícola.
Las cámaras e instituciones que se oponen a la desregulación total y a sus formas buscan que al menos se suspenda la entrada en vigencia de la nueva normativa el próximo 1 de enero, a las puertas de la cosecha 2026.
La Resolución Nº 37/2025 del Gobierno de Javier Milei, que será cuestionada en la Justicia por casi todas las entidades menos Bodegas de Argentina, marcó el inicio de un proceso que reconfigura por completo el rol histórico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde el 1º de enero de 2026, el organismo dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena y concentrará sus funciones exclusivamente en el control del vino embotellado, listo para su comercialización. La medida, presentada por el ministro Federico Sturzenegger como un avance hacia la “modernización” y la simplificación normativa, desató una de las mayores controversias institucionales del sector en las últimas décadas.
La reforma reduce de manera drástica la intervención del INV. La extensión del control solo al vino final implica la eliminación de alrededor de 5.000 inspecciones presenciales anuales en bodegas. Las certificaciones analíticas pasarán a gestionarse mediante declaraciones juradas digitales, y será obligatorio consignar en las etiquetas el número de Análisis de Libre Circulación y la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen los límites establecidos.
La unificación normativa a través de un Digesto supone la derogación de 973 normas y la eliminación de trámites como la Declaración Jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito y más de 140.000 autorizaciones anuales que regulaban el movimiento de productos. También deja de ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), pieza histórica en la acreditación de titularidad del productor. Este es el principal cuestionamiento de las entidades en la acción de amparo, ya que consideran que se pierde la trazabilidad del origen y titularidad de las uvas y los vinos producidos, abriendo la puerta a un verdadero “festival” de vinos de origen desconocido o “mentiroso” y de dudosa procedencia.
