Intendentes marcharon a Economía por caída de fondos, obras paralizadas y crisis social. Denuncian asfixia financiera y evalúan acciones judiciales. Qué mendocinos participaron.
Intendentes de todo el país marcharon este martes al Ministerio de Economía para reclamar por la caída de fondos, la paralización de obras públicas y la falta de respuestas del Gobierno nacional. La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Matanza y titular de la entidad, Fernando Espinoza.
Finalmente, por Mendoza estuvieron presentes Flor Destefanis de Santa Rosa (que integró la comisión que ingresó a entregar el petitorio), Fernando Ubieta de La Paz y el diputado nacional Martín Aveiro. Matías Stevanato declinó viajar a última hora por problemas personales.
La movilización confluyó en las escalinatas del Palacio de Hacienda, donde los jefes comunales remarcaron que el objetivo es garantizar “una mejor calidad prestacional, lo básico en este momento duro del país”. Allí entregaron un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que denuncian una “asfixia financiera” sobre más de 500 municipios.
El documento reclama la liberación de fondos retenidos, el pago de transferencias pendientes, la reactivación de obras públicas y una actualización en la distribución de recursos del impuesto a los combustibles. Según plantearon, Nación habría recaudado billones de pesos por ese tributo sin destinarlos a infraestructura vial ni a aliviar el precio de los combustibles.
La convocatoria reunió a intendentes de diferentes fuerzas políticas, con fuerte presencia del peronismo bonaerense, pero también con participación de sectores del radicalismo. Entre los presentes estuvieron además funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras que el gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con Espinoza en la sede de la FAM.
En paralelo, organizaciones vinculadas al sector de discapacidad se sumaron a la jornada de protesta frente a Economía, con reclamos propios vinculados a la falta de financiamiento y prestaciones, lo que amplificó el clima de conflictividad en el centro porteño.
Los jefes comunales también pusieron el foco en la creciente demanda social y las dificultades para sostener servicios básicos, desde la asistencia alimentaria hasta el pago de salarios y aguinaldos. En ese contexto, no descartaron avanzar con acciones judiciales si no obtienen respuestas.
La protesta se enmarca en una tensión creciente entre los gobiernos locales y la administración nacional, en medio de un escenario de ajuste fiscal, recesión y caída de ingresos. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de reducir el gasto, los intendentes advierten que el recorte impacta directamente en las comunidades y compromete el funcionamiento de los municipios.
La convocatoria se resolvió tras una reunión virtual que reunió a alcaldes de varias provincias. Allí coincidieron en un diagnóstico común: la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales ya impactan de lleno en la gestión diaria de los distritos.
Críticas al costo de vida y a la política económica
El intendente de Rscobar, Ariel Sujarchuk advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los municipios y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional. “El objetivo de esta jornada es hacer pública la situación que estamos viviendo los intendentes, en representación de nuestros vecinos. Somos quienes convivimos todos los días con la gente”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó el impacto de los aumentos en los costos básicos: “El aumento de la nafta es abismal, duplica la inflación. Todos los servicios públicos han subido entre 700 y 1000 por ciento”, afirmó.
Además, cargó contra el Ministerio de Economía al considerar que “es cínico y agresivo” al responsabilizar a los municipios por la presión impositiva. “Se cargan sobre las tasas municipales cuando, en realidad, son los tributos nacionales los que encarecen los costos. Necesitamos que bajen esos impuestos y que se hagan cargo de las rutas”, reclamó.
El intendente Ricardo Marino se sumó al reclamo y remarcó la necesidad de fortalecer una postura conjunta frente al Gobierno nacional. “Unidos siempre tenemos más fuerza y toda petición se robustece con el acompañamiento de intendentes de la provincia y del país”, señaló.
Sostuvo además que la movilización busca respaldar iniciativas impulsadas desde la provincia de Buenos Aires: “El Gobierno nacional está cercenando derechos a las provincias y eso termina perjudicando directamente a cada uno de los distritos”.
Al referirse a su municipio, advirtió: “No llueve dinero, no llueve trabajo, no llueve obra pública”. Y concluyó: “Hoy, en mi pueblo, ya hay hambre”.
Uno de los ejes más sensibles de la protesta fue el precio de los combustibles. Los intendentes exigen retrotraer los valores al 1 de marzo y cuestionan el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos, al sostener que no se utiliza ni para obras viales ni para amortiguar el impacto en los surtidores.
Además, reclaman la reactivación de la obra pública paralizada, al considerar que su freno profundiza el impacto de la recesión en las economías locales. La caída en la recaudación propia, producto de la retracción de la actividad, agrava aún más el cuadro financiero.
En este contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de judicializar los reclamos. Desde el entorno de los jefes comunales no descartan acudir a los tribunales si no obtienen respuestas del equipo económico.
El conflicto revela además una disputa más profunda sobre el rol del Estado y el reparto de recursos, en medio de tensiones internas dentro del peronismo bonaerense, con convocatorias paralelas impulsadas por Espinoza y Katopodis que generaron lecturas políticas cruzadas.
En un extenso escrito, la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó: “Los gobiernos locales de la República Argentina presentamos este documento con el objetivo de poner en consideración del Ministerio de Economía la situación económica, fiscal y social que atraviesan nuestros territorios”.
“Los municipios somos el primer mostrador de la democracia. Es en nuestras comunidades donde las variables macroeconómicas se traducen en realidades concretas”, sostuvieron.
También advirtieron sobre una combinación de factores críticos: disminución de recursos, incremento de costos, eliminación de herramientas productivas y un impacto creciente sobre los sectores más vulnerables.
Finalmente, plantearon que el objetivo es contribuir a la construcción de soluciones que permitan sostener el entramado social y productivo, fortaleciendo el rol de los municipios como actores centrales en la implementación de políticas públicas.
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