Cada vez que un automovilista detiene su vehículo frente a un surtidor y carga nafta súper, paga, sin tener plena conciencia, una carga tributaria que supera el 35% del precio final. Sobre un litro valuado en $1.921 pesos (un promedio a nivel país), apenas 1.231 pesos corresponden al combustible en sí. Los $689 pesos restantes (que en algunos casos superan los 800) se distribuyen entre la Nación, las provincias y los municipios. Así lo revela un reciente estudio de la Cámara de Combustibles de Mar del Plata, que desglosa la estructura impositiva de un bien esencial.
Este dato adquiere mayor relevancia en el contexto actual. Desde fines de febrero, el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán desestabilizó el mercado energético global y empujó el precio del barril de Brent desde los 60 dólares hasta superar los 100. En Argentina, esa escalada ya se tradujo en aumentos cercanos al 20% en las estaciones de servicio. El litro de nafta súper ronda los 2.000 pesos en casi todas las jurisdicciones del país.
El desglose impositivo elaborado por la Cámara marplatense permite comprender con claridad qué financia cada peso que se paga en el surtidor. A nivel nacional, el Impuesto a los Combustibles Líquidos representa 304 pesos por litro, equivalente al 15,8% del precio final. A ese monto se suma el Impuesto a las Emisiones de CO, que agrega 18,6 pesos, poco menos del 1%.
La recaudación nacional se completa con el Impuesto al Valor Agregado (IVA): 270 pesos, es decir, el 14% del valor final. Solo estos tres conceptos explican la mayor parte de la carga fiscal sobre el combustible.
En el plano provincial, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos suma 54,8 pesos por litro, lo que representa el 2,85% del precio final. Por su parte, los municipios aplican dos tasas adicionales: la Tasa de Seguridad e Higiene, que aporta 2,45 pesos, y la Tasa Vial, cuyo monto asciende a 38,67 pesos, equivalente al 2% del total.
La Tasa Vial merece una atención particular. Su existencia responde, en teoría, al financiamiento de infraestructura vial y servicios de tránsito. Sin embargo, el propio estudio advierte que en muchos casos no existe una contraprestación concreta, por lo que termina operando como un impuesto adicional sin destino verificable. La alícuota varía considerablemente según la jurisdicción: en municipios bonaerenses como Colón, General Pueyrredon y Pinamar alcanza el 3%, mientras que en ocho municipios de Neuquén (entre ellos la capital provincial, Cutral Co, Plottier y San Martín de los Andes) trepa al 4,5%, el nivel más alto del país. En Cipolletti (Río Negro) se aplica la misma alícuota, mientras que en municipios jujeños como San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala la tasa es del 1,8%.
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Cada vez que se llena el tanque de un vehículo más del 35 % de lo que se abona por la nafta son impuestos
Foto: NA
Un impuesto en disputa
El Impuesto a los Combustibles Líquidos, el más relevante en términos absolutos, arrastra una historia de controversias. Durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se suspendieron las actualizaciones previstas por ley para evitar un mayor impacto inflacionario. La administración que asumió en diciembre de 2023 retomó esos ajustes, aunque por debajo de lo estipulado por la normativa vigente.
Este desfasaje derivó en un reclamo sostenido de los gobernadores, quienes señalan que los fondos de coparticipación vinculados a este tributo no fueron distribuidos en los montos correspondientes.
La ley establece una asignación específica de la recaudación: el 28,69% se destina al Sistema Único de Seguridad Social; el 28,58%, al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; el 15,07%, al Fondo Nacional de la Vivienda; el 10,40%, al Tesoro Nacional; otro 10,40%, a las provincias; el 4,31%, al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; y el 2,55% restante, a la compensación del transporte público. Sin embargo, algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el actual gobierno, lo que introduce incertidumbre sobre el destino efectivo de esos recursos.
La presión internacional
El trasfondo geopolítico amplifica este problema estructural. El punto crítico del conflicto en Oriente Medio es el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 38 kilómetros por la que circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y el 20% del gas natural licuado que exporta Qatar.
Los ataques recientes a petroleros en esa zona interrumpieron el tráfico marítimo y aumentaron la volatilidad de los futuros del Brent. A esto se sumaron las amenazas del presidente Donald Trump de bombardear la isla de Kharg, desde donde Irán exporta aproximadamente el 90% de su producción petrolera, principalmente hacia China.
Los analistas de Wall Street siguen de cerca tres indicadores clave: el precio del Brent, que subió un 40% desde el inicio del conflicto; el galón de gasolina en Estados Unidos, que pasó de 2,70 a 3,90 dólares, y el precio del gas natural licuado en el mercado TTF de Ámsterdam, que aumentó un 55%, de 11 a 17 dólares por millón de BTU.
En Argentina, el crudo representa cerca del 50% del costo final de la nafta. El resto se reparte entre márgenes comerciales, logística, biocombustibles e impuestos. En un mercado en proceso de desregulación, las petroleras privadas (Shell, Axion y Puma) tienen estructuras de costos más expuestas a la volatilidad internacional. YPF, en cambio, aplica una estrategia de microajustes frecuentes para amortiguar los picos sin trasladar aumentos bruscos.
La incógnita que atraviesa al sector es cuánto tiempo podrá sostenerse esa política si el conflicto se prolonga. La respuesta dependerá tanto de la evolución del mercado global como de las decisiones fiscales de un Estado que, en cada litro de nafta, recauda en silencio más de un tercio del precio que paga el consumidor.
