El INDEC marcó 1,6% en junio, pero los hogares sienten más inflación. La brecha entre cifras oficiales y percepción crece y erosiona la confianza.
El índice de inflación de junio tuvo un imperceptible desplazamiento al alza, marcando 1,6% contra el 1,5% de mayo, profundizando la sensación de los consumidores de que "lo que nos cuenta el INDEC no es lo que yo veo en el supermercado".
A primera vista, el dato podría interpretarse como un indicio de estabilidad, o incluso de cierta contención de los precios. Sin embargo, en la calle, en las góndolas y en los hogares, la percepción ciudadana dista considerablemente de los indicadores técnicos que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La desconfianza social hacia las estadísticas oficiales no se circunscribe a una narrativa fogoneada por sectores opositores. Por el contrario, se trata de una sensación extendida, que trasciende posiciones políticas. Los consumidores tienden a interpretar la inflación desde la óptica de su poder de compra cotidiano, y es allí donde se produce la mayor disonancia. En junio, por ejemplo, el INDEC informó que la inflación de alimentos fue de apenas 0,6%, un dato que, en el mejor de los casos, genera perplejidad frente a lo que se experimenta en el supermercado.
A juicio de especialistas, el fenómeno puede explicarse por un conjunto de factores. Por un lado, los salarios reales todavía no logran acompañar la evolución de los precios. Por otro, el impacto de los aumentos de tarifas de servicios públicos, dispuestos desde el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, sigue reduciendo el ingreso disponible para consumo general.
En ese contexto, el presupuesto de los hogares se reconfiguró notablemente. Luego de pagar luz, gas, telefonía, internet, prepaga y colegios, la porción de dinero destinada al resto de los consumos es sensiblemente más baja que en períodos anteriores. Así, el poder de compra no sólo sigue deprimido por la inercia inflacionaria, sino también por el reacomodamiento de los precios relativos, aún en marcha.
Los consumidores no evalúan su situación en función del índice mensual que comunica el INDEC, sino en términos de su capacidad para mantener ciertos niveles de consumo. En épocas de alta inflación, los salarios nominales se ajustaban con mayor frecuencia, lo que ofrecía una sensación, al menos parcial, de compensación. Pero en un escenario de desaceleración, los ingresos se mueven más lentamente, lo que agrava la percepción de pérdida del poder adquisitivo.
En la dinámica reciente, los bienes durables mantuvieron sus precios más estables debido a una mayor oferta, lo que ayudó a contener el índice general. No obstante, estos productos no forman parte del consumo cotidiano. Lo que realmente pesa en la percepción de inflación son los servicios básicos, que se encarecieron por encima del promedio.
Hasta mayo, mientras el IPC acumulaba un alza de 13,3%, los precios de los bienes crecían 11,3% y los de los servicios 17,7%. Esa divergencia tiene implicancias directas: los hogares, sobre todo los de menores ingresos, destinan una porción creciente de su presupuesto a cubrir servicios esenciales, incluso resignando la compra de alimentos, como advierte un informe reciente del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina.
La encuesta también recoge una dimensión psicológica que, desde hace años, estudia la economía conductual. Según el Nobel Daniel Kahneman, en períodos de inflación moderada, la ilusión monetaria provoca que los individuos se concentren más en los ingresos nominales que en los reales, distorsionando así su percepción del bienestar.
Uno de los elementos estructurales que contribuyen a la falta de confianza en el índice oficial es el rezago en la actualización de la canasta de consumo que utiliza el INDEC. Actualmente, el organismo trabaja con un patrón de consumo basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, con un índice base de 2016. Aunque se realizó una nueva medición en 2017/2018, los datos aún no se aplican de forma efectiva en los cálculos actuales del IPC.
Esa medición reveló un incremento significativo en la proporción del gasto destinado a servicios esenciales: de 9,4% a 14,5% en agua, gas y electricidad, y de 2,8% a 5,2% en comunicaciones, entre otros. En contraste, el gasto en alimentos se redujo del 27% al 22,7%. Esta nueva estructura de consumo refleja con mayor fidelidad la realidad contemporánea, pero sigue sin incorporarse oficialmente.
La consecuencia es una inflación medida con ponderaciones que no se ajustan al patrón real de consumo de los argentinos, lo que genera distorsiones profundas y refuerza la brecha entre el índice técnico y la experiencia cotidiana.
Un estudio reciente del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) aporta datos concretos sobre esta disonancia. Según la encuesta, los ciudadanos percibieron una inflación de 4,23% en mayo, en contraste con el índice oficial de ese mes de 1,5%. La inflación esperada para los próximos 12 meses también resulta significativamente mayor que la proyección oficial, ubicándose en un promedio del 38,8%.
La brecha es más marcada entre los sectores populares. Mientras que los hogares de mayores ingresos estimaron una inflación futura del 37,7%, los de menores ingresos la ubicaron en 41%. Esta diferencia revela que la inflación golpea con mayor intensidad a los sectores más vulnerables, cuyos presupuestos están concentrados en rubros básicos.
Incluso en el Congreso de la Nación comenzó a debatirse –por ahora en voz baja– la posibilidad de reflotar el IPC Congreso, una iniciativa nacida durante la intervención del INDEC bajo la gestión de Guillermo Moreno. La propuesta busca ofrecer un índice alternativo frente a la creciente desconfianza en la medición oficial, dirigida actualmente por Marco Lavagna, de origen massista, pero enrolado, en estos días, desde el silencio en las tropas de las Fuerzas del Cielo.
Lejos de ser un simple problema técnico, la brecha entre la inflación medida y la inflación percibida pone en juego la credibilidad del sistema estadístico nacional, con efectos concretos sobre la estabilidad social y política. En un contexto de alta sensibilidad económica, la falta de actualización metodológica, combinada con la regresividad de las medidas tarifarias, alimenta una sensación generalizada de deterioro, que ninguna cifra desagregada logra desmentir.
La inflación, más allá de sus números, es también una construcción social. Y hoy, en la Argentina, la sensación de que el dinero alcanza cada vez menos tiene más peso que cualquier porcentaje publicado.
