Milei envió al Congreso el Súper RIGI: 30 años de estabilidad fiscal, beneficios impositivos y dólares para mega inversiones. Polémica con la industria local.
Javier Milei va ahora por un súper RIGI para tecnológicas
El Gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI que ofrece treinta años de estabilidad fiscal, arbitraje internacional y alícuotas mínimas para atraer inversiones de gran escala en industrias que hoy no existen en el país.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinado exclusivamente a proyectos de inversión superiores a los mil millones de dólares en sectores que actualmente no tienen desarrollo industrial en Argentina.
El proyecto ingresó a Diputados con pedido de pronto tratamiento. Una vez aprobado, el Ejecutivo dispondrá de noventa días para reglamentarlo, y a partir de ese momento comenzará a correr un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes.
A diferencia del RIGI original, que acumuló anuncios por cerca de ochenta y un mil millones de dólares aunque apenas concretó algo más de setecientos millones en inversiones efectivas, el Súper RIGI apunta a un segmento más acotado y específico: actividades económicas que no existen en el país o que se encuentran en fase piloto o experimental.
Quedan expresamente excluidos los proyectos que impliquen ampliar, modernizar o reconvertir instalaciones ya existentes, así como las empresas que ya hubiesen solicitado adhesión al régimen anterior.
Los sectores que el Ejecutivo menciona en los fundamentos del proyecto son elocuentes y van en línea con lo que Javier Milei y sus asesores cercanos vienen pregonando desde el primer viaje a Estados Unidos: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, reactores nucleares de pequeña escala, baterías de litio y manufacturas tecnológicas de alta complejidad.
En todos los casos, se trata de industrias en las que Argentina carece de presencia significativa y que concentran buena parte de la disputa geopolítica y económica global en este momento.
Para acceder al régimen, los interesados deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos estén afectados únicamente al emprendimiento) y acreditar una inversión mínima de mil millones de dólares, con al menos el veinte por ciento comprometido durante los primeros dos años desde la adhesión.
El paquete de incentivos es de una magnitud sin precedentes en la historia tributaria reciente del país.
En materia impositiva, el proyecto fija una alícuota de Ganancias del quince por ciento (frente al treinta y cinco por ciento general), dividendos gravados al siete por ciento con posibilidad de reducción al tres y medio por ciento a partir del cuarto año, amortización acelerada de bienes e infraestructura, quebrantos deducibles sin límite temporal y transferibles a terceros, y certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA sobre inversiones.
En el plano aduanero, los proyectos adheridos quedarán exentos de derechos de importación para bienes del plan de inversión y de retenciones sobre las exportaciones generadas. No se aplicarán licencias, cupos ni restricciones cuantitativas.
En materia laboral, las nuevas relaciones de trabajo generadas por los proyectos tributarán contribuciones patronales del diez por ciento, frente al veinte coma cuatro o veinticuatro por ciento del régimen general.
El capítulo cambiario regula la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones de forma escalonada: el veinte por ciento al primer año, el cuarenta al segundo y el ciento por ciento a partir del tercero. Los aportes de capital y financiamientos del exterior no deberán liquidarse ni ingresarse obligatoriamente al mercado cambiario.
El núcleo político del proyecto reside en dos disposiciones que el Gobierno presenta como respuesta directa al llamado "riesgo argentino".
La primera es la garantía de estabilidad normativa por treinta años desde la adhesión: ninguna modificación tributaria, aduanera, cambiaria o de seguridad social más gravosa podrá aplicarse al Vehículo de Proyecto Único. Si en el futuro el marco regulatorio mejora, el inversor podrá adherirse a las nuevas condiciones; si empeora, el régimen original permanece intacto.
La segunda disposición es más controversial desde el punto de vista institucional: las disputas entre el Estado argentino y los inversores se resolverán mediante arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la Corte Permanente de Arbitraje o la Cámara de Comercio Internacional, con sede fuera del país y con la expresa prohibición de que ninguno de los árbitros sea de nacionalidad argentina.
Para las provincias donde se radiquen los proyectos, la adhesión al régimen nacional es voluntaria, pero de consecuencias fiscales concretas en caso de hacerlo: no podrán crear nuevos gravámenes locales, deberán aplicar Ingresos Brutos con una alícuota máxima del cero coma cincuenta por ciento, y quedan impedidas de cobrar Impuesto de Sellos, regalías o cánones de cualquier tipo sobre los proyectos aprobados.
Conocida la letra del proyecto, comenzaron las objeciones públicas. El abogado y docente Pablo Serván sintetizó el eje del debate con una frase que circuló ampliamente: “Empresas que facturan más que el PBI argentino van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano”.
Serván también señaló que el mecanismo de arbitraje internacional implica que, si el Estado argentino incumple alguna de las condiciones comprometidas, las empresas adheridas pueden demandarlo directamente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
El mismo analista trazó una comparación con un régimen similar vigente en Brasil, observando que la versión brasileña incorpora salvaguardas en materia de soberanía y condicionamientos medioambientales que el proyecto argentino no contempla.
El perfil de los potenciales beneficiarios alimenta también una lectura política. Analistas del sector tecnológico señalaron, sin que el Gobierno lo confirmara ni desmintiera, que el diseño del régimen parece orientado hacia el tipo de inversiones impulsadas por fondos y empresas vinculadas a figuras como Peter Thiel, el cofundador de PayPal y Palantir Technologies, cuyo interés en mercados emergentes con marcos regulatorios favorables es conocido.
El régimen, en efecto, replica en varios aspectos las condiciones que ese tipo de capital global suele exigir antes de desembarcar en jurisdicciones con historial de inestabilidad institucional.
Pero las críticas no solo se suman desde los sectores legales o tecnológicos. Desde los sectores pymes e industriales, el planteo es claro y más directo aún, y se preguntan cuál podría ser la potencialidad y competitividad de las pymes y la industria argentina si recibieran tan solo la mitad de los beneficios que reciben estas inversiones que, por ahora, no pasan de promesas.