El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó nuevas actividades vinculadas al sector de petróleo y gas. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La medida ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X, donde sostuvo que “prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”.
En ese sentido, el funcionario precisó que “incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”.
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Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente.
Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor…
Al destacar el desempeño del régimen desde su puesta en marcha, Caputo remarcó que “ya hay 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y muchos más en evaluación”, subrayó que “el RIGI ha sido fundamental” y afirmó que “cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”.
Ampliación del RIGI al sector petrolero y gasífero
Además de extender el plazo de adhesión, el decreto incorporó -entre las actividades alcanzadas por el régimen- a la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, estableciendo un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.
En el caso de las actividades costa afuera, la normativa alinea el monto mínimo de inversión del subsector exploratorio y productivo en US$200 millones, “en atención al perfil de riesgo, intensidad de capital y horizonte temporal propios de la exploración costa afuera, en términos consistentes con los criterios previstos para otros sectores estratégicos comprendidos en el RIGI”.
En este marco, las empresas interesadas podrán adherirse al régimen hasta el 8 de julio de 2027. Desde el Gobierno nacional explicaron que la prórroga apunta a “acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos”, según informó la Agencia de Noticias Argentinas.
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Nuevos proyectos de hidrocarburos líquidos y gaseosos quedan alcanzados por el RIGI.
Simplificación y mayor previsibilidad para los proyectos
En paralelo, la normativa introduce cambios para ordenar y simplificar la implementación del régimen. Por un lado, actualiza definiciones con el objetivo de precisar qué tipos de proyectos califican, “evitando interpretaciones ambiguas y asegurando que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas”.
Por otro lado, redefine el concepto de nuevo producto para incorporar las particularidades del sector tecnológico, caracterizado por ciclos de vida más breves y cambios que no siempre se reflejan en mayores volúmenes de producción.
Asimismo, se establecen reglas más claras para que empresas ya operativas en el país puedan adherir ampliaciones relevantes, “garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes, y reforzando mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial”, indicaron desde la cartera económica.
Beneficios fiscales y operativos del régimen
Desde el Ejecutivo también señalaron que la norma “mejora la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, clarificando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, fortaleciendo la trazabilidad y el control”. Además, destacaron que “ordena procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para dar mayor previsibilidad y reducir discrecionalidad”.
Entre los principales beneficios del RIGI se encuentran la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación para resolver controversias mediante mecanismos de arbitraje internacional.