El procesamiento de el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad se da en medio de una investigación más amplia sobre supuestas irregularidades que habrían ocurrido durante su gestión frente al organismo.
La Justicia señaló a Diego Spagnuolo como presunto jefe de una red de corrupción.
Este lunes, la Justicia Federal dispuso el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por su presunta participación como jefe de una asociación ilícita en el marco de una causa que investiga corrupción en el organismo. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello y alcanza también a otros imputados vinculados a la trama.
El procesamiento, parcialmente dado a conocer este lunes, se enmarca en una investigación más amplia sobre supuestas irregularidades que habrían ocurrido durante la gestión de Spagnuolo al frente de la ANDIS, en un caso conocido mediáticamente como “Andisgate” o coimas en ANDIS.
Según lo resuelto por Casanello, Spagnuolo fue procesado por una serie de delitos graves vinculados al ejercicio de la función pública, entre ellos:
Asociación ilícita, por supuesta integración y liderazgo de una organización para cometer hechos delictivos.
Fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles, por presuntas maniobras que beneficiaron intereses privados frente a la finalidad institucional del organismo.
Cohecho activo, vinculado a presuntos cobros de sobornos en el marco de la administración de la ANDIS.
La medida no incluyó prisión preventiva para Spagnuolo, pero sí un embargo millonario sobre sus bienes y la extensión de los efectos del procesamiento a al menos 18 personas más, entre funcionarios, exfuncionarios y operadores externos que habrían participado en la presunta red ilícita.
El fallo judicial describe un entramado que, según la hipótesis de la fiscalía y el juez, se habría desarrollado dentro de la ANDIS con la participación tanto de autoridades formales como de terceros vinculados a empresas proveedoras y distribuidoras de medicamentos para personas con discapacidad.
Entre los procesados además de Spagnuolo, figuran personas con estrechos vínculos con droguerías y contratistas que, según el expediente, habrían tenido influencia sobre decisiones operativas y administrativas. El procesamiento alcanzó, entre otros, a Daniel Garbellini, ex número dos de la ANDIS, así como a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes habrían actuado como intermediarios externos dentro de la supuesta estructura ilícita.
El juez Casanello caracterizó el esquema como una “cooptación” de la Agencia, donde operadores externos “actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”, al tiempo que subrayó que el presunto grupo delincuencial habría operado en detrimento de la misión pública de la ANDIS: la protección y asistencia de personas con discapacidad.
La investigación que derivó en este procesamiento se inició en agosto de 2025, luego de la difusión de una serie de audios atribuida a Spagnuolo en la que se mencionaban supuestas prácticas de coimas y devoluciones de dinero en torno a la adjudicación de compras de medicamentos a ciertos proveedores.
Esos audios, que pasaron a ser parte de una causa judicial más amplia, pusieron en el centro del debate a la ANDIS y a la relación de su ex titular con contratistas y proveedores vinculados al Estado. Las grabaciones generaron una intensa cobertura mediática y derivaron en denuncias formales que, con el tiempo, motivaron allanamientos, citaciones, indagatorias y el análisis de comunicaciones, cuentas y documentación oficial.
Tras el procesamiento dictado por Casanello, el expediente continuará su avance hacia instancias superiores, donde la defensa de los acusados podrá presentar recursos, solicitar nulidades o aportar nuevas pruebas. La causa ANDIS seguirá bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo del magistrado que dictó la medida, con la fiscalía enfocada en profundizar las líneas investigativas abiertas sobre el supuesto uso irregular de fondos y la posible interferencia de intereses privados en decisiones públicas.