El 90% de los hogares argentinos tiene deudas. El crédito se volvió un recurso para sobrevivir ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Morosidad en tarjeta de crédito.
El endeudamiento de la familia y los hogares argentinos ha trascendido la categoría de riesgo económico para consolidarse como un problema de naturaleza estructural. La creciente dependencia del crédito, no para apalancar inversiones significativas como viajes o compras de magnitud, sino para financiar la subsistencia diaria -incluyendo alimentación, medicamentos y alquileres-, subraya un empobrecimiento sostenido de la sociedad en la coyuntura económica actual.
Un informe del Instituto Argentina Grande evidencia la magnitud de esta crisis: al menos 15 millones de personas, lo que representa el 32% de la población, mantienen compromisos de deuda con bancos o entidades financieras.
El monto promedio de este pasivo asciende a $3,7 millones por persona, si bien la mediana se sitúa en un intervalo entre $750.000 y $1.000.000. El dato más revelador sobre la inviabilidad de estos compromisos reside en que saldar esa deuda promedio requeriría disponer de aproximadamente tres salarios del sector privado registrado, considerado el ingreso más alto de la economía.
La presión financiera se intensifica al considerar el contexto de ingresos. Mientras que la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo alcanzó $1.176.800 en septiembre para no caer en la pobreza, el ingreso promedio per cápita de la población se ubicó en $537.024 en el segundo trimestre del año, con una mediana de $392.000.
Este desequilibrio obliga a una porción considerable de la ciudadanía a comprometer sus ingresos: se estima que más de la mitad de los hogares endeudados debe destinar entre el 40% y el 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de pasivos.
Al ampliar la lupa para incluir la totalidad de canales de financiamiento, tanto formales como informales, la proporción de la población endeudada escala al 90%, con la mayoría manteniendo múltiples compromisos simultáneos, lo que refleja la fragmentación y recurrencia del crédito como estrategia de subsistencia.
El 75% de las deudas activas se generaron en 2024, coincidiendo con la fuerte devaluación de diciembre de 2023, la alta inflación y la consecuente depresión salarial.
Ciertos sectores sociales sufren con particular rigor este fenómeno. Tras la desregulación del mercado inmobiliario, el 65% de los inquilinos ha contraído nuevas deudas, y el 48% de ellos se ha atrasado en los pagos, a pesar de que el alquiler ha triplicado su peso en los gastos básicos del hogar.
La situación es especialmente crítica para los jubilados. Quienes perciben el haber mínimo han perdido un 23% de su poder de compra desde noviembre de 2023. La incapacidad de cubrir gastos básicos esenciales -como medicamentos (27% de la canasta) o alimentos (23% del total)- impacta dramáticamente: casi cinco millones de jubilados dependen de un haber que solo cubre el 25% de la canasta básica de la tercera edad.
Como consecuencia directa de esta emergencia económica, el 17,1% de los adultos en edad jubilatoria, particularmente en la franja de 60 a 74 años, se ve forzado a continuar trabajando.
En un escenario laboral donde las actividades que generan menos empleo (minería, agro, intermediación financiera) son las que crecen, mientras caen los sectores de alta empleabilidad (industria, comercio, construcción), el sobreendeudamiento erosiona el ingreso disponible y perpetúa un círculo vicioso.
La inflación y la notable caída del poder adquisitivo han generado una crisis de ingresos que condena a muchas familias a un estado de emergencia financiera permanente.