En un contexto de tasas que superan el 100% anual, cada vez más usuarios evalúan qué ocurriría si dejaran de pagar la tarjeta de crédito.
Tareta de crédito: tasas que asfixian y deudas que crecen.
El uso de la tarjeta de crédito, en tiempos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, se ha vuelto una herramienta riesgosa. Quienes no logran pagar el total del resumen ingresan en un círculo difícil de romper: los intereses compensatorios y punitorios comienzan a acumularse y el monto adeudado crece de manera exponencial.
En el mercado, ejemplos como el del Banco BBVA muestran una Tasa Nominal Anual (TNA) del 90,15% y un Costo Financiero Total (CFTNA) que supera el 109%, incluyendo impuestos y cargos adicionales.
La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito fija algunos límites: el interés compensatorio no puede superar en más del 25% la tasa aplicada a los préstamos personales, y prohíbe la capitalización de intereses punitorios (es decir, no se pueden cobrar intereses sobre intereses de castigo).
El incumplimiento del pago de una tarjeta activa una serie de consecuencias inmediatas:
Intimaciones y llamados: el primer paso es el reclamo del banco o de estudios de cobranzas tercerizados.
Registro en bases de datos crediticias: la deuda se informa casi de inmediato a Veraz o Nosis, lo que bloquea el acceso a nuevos créditos, compras financiadas o contratos de alquiler.
Baja o bloqueo de la tarjeta: el banco puede suspender el servicio e incluso intentar debitar la deuda de otras cuentas del mismo titular.
En este punto, el usuario ya enfrenta un daño serio en su reputación financiera, lo que limita su acceso al sistema durante varios años, incluso si más tarde cancela la deuda.
Si el deudor no regulariza su situación, el banco puede recurrir a la Justicia. Pero la Ley 25.065 establece garantías para el consumidor y prohíbe la ejecución automática de la deuda.
El artículo 14, inciso h, declara nulas las cláusulas que habiliten la “vía ejecutiva directa”. En la práctica, esto significa que el banco no puede embargar al cliente solo con el resumen impago: debe presentar una demanda y esperar la autorización judicial.
Según el artículo 39, puede “preparar la vía ejecutiva”, es decir, iniciar un proceso judicial con el contrato original y los resúmenes de cuenta. Si el juez avala la documentación, puede dictar sentencia y autorizar el embargo de bienes o del sueldo del deudor.
El embargo salarial se aplica únicamente sobre la parte del ingreso que supera el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque también pueden afectarse cuentas bancarias, vehículos o propiedades.
Una duda frecuente es si las deudas “desaparecen” con el paso del tiempo. En el caso de las tarjetas de crédito, el artículo 47 de la Ley 25.065 establece que:
La acción ejecutiva prescribe al año.
Las acciones ordinarias prescriben a los tres años.
Esto significa que el banco tiene un año para iniciar el reclamo judicial y tres años para avanzar con una demanda ordinaria. Sin embargo, cualquier notificación formal o pago parcial reinicia el plazo de prescripción, por lo que intentar “esperar” que la deuda caduque rara vez funciona.
Dejar de pagar una tarjeta de crédito puede parecer una salida frente a tasas imposibles, pero las consecuencias financieras, legales y reputacionales son severas. La ley protege al consumidor frente a abusos o ejecuciones automáticas, aunque no lo exime de sus obligaciones.
En un escenario de inflación persistente y altos costos financieros, los especialistas recomiendan negociar planes de pago con las entidades y evitar que una deuda de consumo se transforme en un problema judicial de largo plazo.