El Gobierno flexibiliza el control de alimentos y reduce la intervención estatal, habilitando importaciones con certificaciones extranjeras.
Se vienen góndolas llenas de alimentos importados
El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la desregulación de la importación de alimentos y, al igual que lo realizado en su momento, da por válidas las certificaciones locales y levanta los controles y verificaciones de las entidades argentinas.
A partir de hoy, con solo el certificado y control del país de donde proviene la mercadería (si está dentro de la lista contenida en el decreto), alcanza para que quede habilitado a comercializarse en el mercado argentino.
La medida introduce modificaciones sustantivas al Decreto 1812/1992, vigente desde hace más de tres décadas, y tiene por objetivo -según el Poder Ejecutivo- agilizar los procesos, reducir costos y eliminar superposiciones burocráticas. La nueva medida, sumada a las bajas de aranceles y facilitación de trámites que ya había sido decretada hace meses, provoca que el mercado de los alimentos importados sufra una liberalización casi total.
A partir de ahora, los productos alimenticios importados podrán ingresar al país en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la denominada Certificación de Aptitud emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), fija además un esquema de inspecciones basado en criterios de riesgo sanitario y no en atributos de calidad comercial.
“El nuevo esquema simplifica los procesos para los controles, fijando plazos concretos y breves, y concentra los controles posteriores al ingreso a plaza únicamente en lo que importa: inocuidad y salubridad”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al difundir el decreto a través de sus redes.
El funcionario sostuvo que la medida busca “transformar de raíz la industria de alimentos argentina” para ofrecer productos de mejor calidad (definición rara, ya que es conocida mundialmente la calidad de los alimentos argentinos) y más baratos. En ese sentido, recordó que la norma completa una serie de disposiciones previas que reordenaron el sistema de control alimentario.
El Decreto 35/2025 había sido el primer paso en la liberalización del sector, al permitir que los alimentos con certificaciones de venta en países de alta vigilancia sanitaria ingresaran al mercado argentino sin trabas adicionales. Posteriormente, el Decreto 538/2025 suprimió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), devolviendo las competencias de control a la ANMAT y al Senasa.
La nueva normativa de noviembre completa ese proceso al actualizar los criterios de control sanitario vigentes desde 1992, armonizándolos con las regulaciones internacionales y con los compromisos asumidos por el país en materia de comercio exterior.
La proliferación de alimentos importados parece ser el próximo problema para las Pymes nacionales.
El Decreto 790/2025 establece que los productos no acondicionados para la venta directa -como materias primas o alimentos a granel- seguirán sujetos al control higiénico-sanitario previo del Senasa. En cambio, los productos listos para la venta al público serán inspeccionados después de su ingreso al país, por ANMAT o Senasa, sin que ello impida su comercialización.
Asimismo, los alimentos provenientes de países con altos estándares sanitarios, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón o Australia, estarán exentos de controles duplicados: bastará con que presenten un certificado de libre venta emitido por su autoridad sanitaria.
Solo en casos de deterioro, inconsistencias documentales o riesgo comprobado para la salud humana, animal o vegetal, las autoridades podrán disponer controles previos adicionales, que deberán realizarse en plazos de tres o cinco días hábiles, según la gravedad del caso.
La norma también define competencias precisas entre organismos: ANMAT será responsable del registro de alimentos importados, mientras que Senasa intervendrá en los de origen animal. Ambas agencias deberán actuar coordinadamente para evitar superposiciones y trámites innecesarios, un punto que -según el Gobierno- permitirá liberar recursos y concentrar la fiscalización donde realmente se justifique.
En palabras de Sturzenegger, “menos burocracia son más alimentos, más baratos y más exportaciones”. La frase sintetiza la filosofía desreguladora del oficialismo, orientada a reducir la intervención estatal en los procesos productivos y comerciales.
Si bien la medida se inscribe en la lógica de simplificación administrativa que el Gobierno impulsa desde diciembre de 2023, especialistas del sector sanitario advierten que su implementación deberá garantizar mecanismos efectivos de trazabilidad y control posterior, a fin de evitar riesgos vinculados con la importación masiva de productos alimenticios.
El desafío, en definitiva, será compatibilizar la eficiencia económica con la protección de la salud pública. Con el nuevo decreto, la administración Milei busca consolidar una política de apertura y confianza en las certificaciones internacionales, al tiempo que redefine el papel del Estado como garante de la inocuidad y no como juez de la calidad.