El gobierno de Javier Milei publicó el decreto de desregulación del sistema postal que abre el juego a nuevos competidores del Correo Argentino sin requisitos.
El gobierno de Javier Milei presenta una versión actualizada de experiencias pasadas en la Argentina que nunca terminaron bien. Ahora es el turno del Correo Argentino. Este lunes, el Gobierno Nacional publicó el decreto desregulatorio del servicio postal, con el objetivo declarado de fomentar la competencia y facilitar el acceso de los usuarios a servicios como telegramas, cartas documento y encomiendas.
Según el gobierno y el ministro Federico Sturzenegger, esta reforma tiene como fin promover la libre competencia, reducir la burocracia y mejorar la oferta de servicios postales en todo el país. Sin embargo, lo que se desprende del decreto parece más un "libre albedrío", donde cualquiera puede poner una "empresa de correo" en el garaje de su casa.
El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, expresó su oposición a una desregulación sin control, que se enmarca en la Ley y Bases, y advirtió sobre el riesgo para los trabajadores informalizados y para los usuarios ante las posibles nuevas “empresas”.
Desde los gremios vinculados al servicio postal, aseguran que lo que realmente cambia es poco, ya que el servicio se encuentra en gran medida desregulado. Afirman que los funcionarios no conocen las leyes que rigen en el país y denuncian que lo que realmente cambia es el proceso de habilitación de nuevas empresas, lo que conlleva peligros adicionales. También cuestionan la falta de control y habilitación para el transporte de elementos peligrosos o medicamentos, lo cual representa un riesgo considerable.
Según la versión oficial, el decreto busca simplificar los trámites y digitalizar el servicio, lo que permitiría una mayor seguridad y transparencia en los procesos. Sin embargo, es difícil evaluar la transparencia y el control real, dadas las condiciones en las que se registrarán las nuevas empresas.
A partir de ahora, quienes deseen operar en el mercado postal podrán inscribirse de manera simple, electrónica y gratuita ante la autoridad de aplicación. Este proceso de inscripción solo deberá realizarse una vez, al inicio de la actividad, y permitirá a los operadores iniciar sus operaciones de forma automática en un plazo de cinco días. La inscripción será suficiente para habilitar a los operadores a prestar sus servicios, sin necesidad de trámites adicionales.
La pregunta que surge es: ¿cómo garantizará el gobierno la transparencia y el control que asegura se pondrán en marcha con esta desregulación?
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El nuevo marco permitirá a los operadores postales, tanto en el mercado local como internacional, libertad total para fijar su dotación de personal, elegir la modalidad de los servicios prestados y decidir sobre los medios de transporte, equipos y locales necesarios para llevar a cabo sus actividades. Entre los servicios habilitados, los operadores podrán ofrecer cartas documento, telegramas, comunicaciones fehacientes y giros postales, con la posibilidad de digitalizar la constancia de entrega y otros documentos asociados. Además, la verificación de identidad podrá realizarse de manera remota, utilizando herramientas como RENAPER o sistemas de verificación electrónica.
La medida, según expresó el ministro de Desregulación, apunta a eliminar las barreras burocráticas que postergaban el acceso de nuevos competidores al mercado. Con esta reforma, se eliminan las exclusividades otorgadas a empresas estatales para el envío de cartas documento, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos.
La desregulación modifica varios decretos y resoluciones previas, pero se asegura que la medida no altera disposiciones relacionadas con el secreto postal ni en términos de seguridad, en lo formal. Sin embargo, la nueva normativa pone en duda todo ese andamiaje debido a la falta de control que tendrá el sistema.
La historia se repite. La desregulación del gobierno de Javier Milei podría ser el primer paso hacia la privatización (o quizás desaparición) del Correo Argentino. En 1997, el gobierno de Carlos Menem llevó a cabo una de las privatizaciones más polémicas de su mandato, precisamente la del Correo. Si bien la privatización de servicios públicos ya era una política consolidada bajo la primera administración de Menem, el Correo había sido planteado por Raúl Alfonsín en su gestión, aunque con condiciones bien distintas a las que después se aplicaron en la gestión de Menem.
El 26 de agosto de 1997, el gobierno de Menem otorgó la concesión del Correo Argentino a un consorcio formado por empresas del grupo Macri (Itron S.A. y Sideco América S.A.) y el Banco Galicia. La concesión, de 30 años, imponía condiciones como el pago de un canon semestral y la inversión de más de 25 millones de pesos anuales durante los primeros 10 años. Estos pagos nunca se cumplieron y aún hoy permanecen en litigio judicial. Fue precisamente el incumplimiento de estos compromisos, que incluyeron el despido de más de 10.000 trabajadores y el cierre de más de 100 sucursales en todo el país, lo que llevó a la reestatización del Correo bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2003.
Entre las preocupaciones que despierta este decreto de desregulación y el vaciamiento del Correo Argentino está el impacto en la organización de los procesos electorales. Como se sabe, el despliegue de urnas, el envío de telegramas con los resultados de las mesas y el repliegue de las urnas dependen del Correo Argentino, la única empresa que tiene la capacidad de llegar hasta los rincones más remotos del país.
El tiempo dirá, pero lo que parece es que todo lo nuevo tiene un fuerte olor a viejo.
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