El aumento de tarifas y quita de subsidios de la energía eléctrica, dispuestos por el gobierno nacional, representan un combo explosivo para la economía de las familias y pymes mendocinas.
Usuarios denuncian hasta un 400% de suba, pese a que se informó que sería de 159%. Un análisis de la composición de la factura y los aumentos autorizados por Nación y Provincia.
El aumento de tarifas y quita de subsidios de la energía eléctrica, dispuestos por el gobierno nacional, representan un combo explosivo para la economía de las familias y pymes mendocinas.
Los fuertes incrementos registrados en las facturas de marzo y abril en relación a las de los primeros meses del año, que en algunos casos llegaron al 400%, motivaron una serie de protestas en la provincia.
Denominada “boletazo”, la manifestación buscó visibilizar el creciente malestar social por la indiscriminada suba de los servicios públicos, que sumada a la recesión económica, inflación y atraso salarial, provoca una asfixia financiera en la población.
La pregunta que surge entre varios de los usuarios es por qué la variación tarifaria es incluso mayor a la que se informó en los canales oficiales. Por ejemplo, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) indicó que, con el último aumento dispuesto en febrero, el incremento promedio rondaría el 159%. Pero la experiencia de miles de mendocinos evidenció otra realidad.
Un ejemplo puntual que llegó a este medio: un productor agrícola abonó en marzo de 2023, por un consumo X de kilovatios, $2.300.000. El mismo mes de este año, por un consumo incluso 10% menor, el importe ascendió a 11 millones de pesos.
La tarifa eléctrica está integrada por tres componentes, cuya variación impacta directamente en el valor final de la boleta:
Lo cierto es que –a excepción de los impuestos, que porcentualmente gravan la misma alícuota- el resto ha sufrido actualizaciones en el último tiempo.
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Febrero fue un mes bisagra, ya que se aplicaron aumentos tanto en el ámbito federal como provincial, cuyo impacto se trasladó a las boletas que llegaron en marzo y abril.
El de mayor incidencia fue el que autorizó la Nación para el precio mayorista (generación) y para el transporte de la energía.
En el primer caso, la suba supera el 100% para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 1 (mayores ingresos: superiores a 3,5 canastas básicas). El porcentual es menor en los usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos: hasta una canasta básica) y de Nivel 3 (ingresos medios; entre 1 y 3,5 canastas básicas). En mayor o menor medida, todos ellos mantienen subsidios hasta que se modifique el esquema aprobado en el gobierno anterior.
Asimismo, se estableció la quita del subsidio para el resto de los usuarios no residenciales. Razón por la cual las empresas, industrias, fincas, clubes y comercios recibieron boletas que triplicaron o cuadriplicaron los importes.
En cuanto al transporte, la Secretaría de Energía aprobó –también desde febrero- un aumento del 251% para la firma encargada de prestar ese servicio en Mendoza: DistroCuyo. Estos valores se actualizan trimestralmente, por lo tanto en mayo volverán a sufrir variaciones.
Por otra parte, el Gobierno de Mendoza aplicó un aumento del VAD, que tomó en cuenta la inflación acumulada, los costos de funcionamiento de las distribuidoras y la tasa de rentabilidad; el cual también se aplica trimestralmente (en mayo sufrirá otro aumento). El porcentaje se ubicó en torno al 70 por ciento.
También hay que tener en cuenta que la categoría del usuario varía no sólo por los ingresos, sino también por el consumo, que a medida que crece, también lo hace el valor que se paga por kilovatio.
Por último, si bien las alícuotas de los impuestos provinciales y nacionales no variaron (IVA 21%, IIBB 3,09%, sobretasa -Ley 2539- 3%, tasa de fiscalización y control -Ley 6497- 1,5%, CCCE 7,5%, y Sellos 1,5%); sí rige –desde febrero- un aumento del 350% en el componente municipal, correspondiente al canon de Alumbrado Público; que si bien es un importe fijo, también varía según la categorización del usuario.