El ajuste fiscal frenó la obra pública en todo el país. El recorte busca ordenar las cuentas, pero podría generar un alto costo estructural a futuro.
En medio del ajuste fiscal profundo del Gobierno nacional, la obra pública ha pasado a ser uno de los ítems principales de recorte. Sin embargo, a medida que se conocen los detalles del nuevo esquema, crecen las advertencias sobre el costo que esta decisión puede tener para el futuro: pérdida de valor del capital público, deterioro estructural, menor competitividad y postergación del desarrollo.
Durante la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, fue el encargado de explicar el nuevo modelo. El funcionario detalló que el Gobierno auditó un total de 2.337 obras en ejecución o proyectadas. A partir de ese relevamiento resolvió cancelar 1.668, transferir 500 a las provincias y continuar con 183 bajo la órbita nacional, de las cuales solo 122 están en proceso de reactivación.
“El primer objetivo fue revisar el desorden administrativo y de deudas. Pudimos priorizar en qué obras tenía que estar el Estado y en cuáles no”, explicó Giovine.
Este rediseño implica que el Estado nacional dejará de financiar proyectos de pequeña escala, para centrarse en obras estructurales, pero mediante nuevos esquemas en los que el Gobierno pretende que el Estado tenga participación mínima o nula. La gestión y el financiamiento de las iniciativas menores ahora recaerán en las provincias, que deberán definir sus prioridades y aportar los recursos. Una lógica comprensible desde el punto de vista fiscal que plantea el modelo, pero que presenta serios desafíos en términos de ejecución y equidad territorial.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción, presidida por Gustavo Weiss, las voces de alerta continúan resonando. El instituto de investigación y análisis de la entidad sostiene que la paralización de la obra pública tiene un “fenomenal costo económico”. Estima que para reconstruir la infraestructura argentina se requerirán 1,4 billones de dólares, lo que representa 2,5 veces el Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Advierten que el parque de infraestructura pierde valor a razón de 25 mil millones de dólares por año, una cifra que se incrementa de manera exponencial en contextos de nulo mantenimiento. El capital público —que incluye rutas, puentes, redes eléctricas, escuelas y hospitales— se deprecia sin pausa, y su abandono implica pérdidas no solo económicas, sino también sociales y humanas.
“Lo que hoy se ahorra en no construir ni mantener, mañana se paga con intereses multiplicados”, advierten desde Camarco.
Esta advertencia se hace aún más relevante si se considera que, aunque una parte importante de la infraestructura está concesionada, el 52% de esos activos sigue siendo propiedad del Estado. En otras palabras, la responsabilidad por su deterioro sigue siendo pública, aun cuando la gestión sea privada.
En el mismo evento, el economista chileno Eduardo Engel, asesor de gobiernos y experto en infraestructura, ofreció una mirada crítica sobre la estrategia del Gobierno nacional, que propone replicar el modelo de concesiones “a la chilena” para financiar nuevas obras.
“Las concesiones no ahorran recursos públicos: el gasto simplemente se distribuye en el tiempo”, advirtió Engel.
Para que una concesión funcione, explicó el académico con doctorados en Stanford y el MIT, se requieren tres condiciones clave: contratos sólidos, estabilidad jurídica y una moneda confiable. De lo contrario, la inversión privada no aparece o se convierte en un experimento fallido. Engel también puso el foco en los riesgos de corrupción, citando el caso de Odebrecht, donde los sobrecostos en proyectos con sobornos alcanzaron el 70%, frente a apenas 6% en los proyectos sin corrupción.
El mensaje fue claro: sin instituciones fuertes y mecanismos de control eficaces, las concesiones pueden replicar —y agravar— los problemas de la obra pública tradicional.
La situación en las provincias confirma que el nuevo esquema enfrenta múltiples desafíos. En Mendoza, por ejemplo, el presupuesto 2025 destina un 12% a la inversión en obra pública y si bien las licitaciones avanzan lentamente según afirman desde la CECIM (Cámara de Constructores Independientes de Mendoza).
Dalmiro Barbeito titular de la CECIM, en diálogo con Sitio Andino aseguró que en lo provincial con el Fondo de Portezuelo esperaban mayor dinamismo y que se han hecho pocos llamados a licitación y se avanza lentamente, reclamando más dinamismo para las obras
Barbeito destacó que las empresas locales están preparándose para ser más competitivas en un nuevo escenario sin inflación, aunque con costos que requieren más eficiencia y afirmó que si bien en la obra privada hay movimiento en proyectos el crédito hipotecario aún no tracciona. La construcción depende de condiciones macroeconómicas más estables. "La realidad es que todos los proveedores con los que trabajamos nos dicen que están vendiendo menos" aseguró el empresario y se mostró esperanzado en que la estabilidad recupere finalmente el crédito.
Barbeito afirmó que la cantidad de empresas pymes de la construcción en Mendoza no ha disminuido significativamente, pero que sí se han perdido muchos puestos de trabajo en esas pymes que están con sus actividades al mínimo.
Remarcando que la obra pública nacional está paralizada pese a todo, Mendoza está mejor que otras provincias, aunque sin el impulso adicional que generan actividades como la minería o el petróleo en otras regiones, pero advirtió que la participación del Estado en las obras de infraestructura es fundamental.
El Estado debe decidir cuantas escuelas, hospitales, caminos se tienen que construir y eso el privado no lo puede hacer, afirma Barbeito que, además, advierte el otro gran problema del retiro del Estado que es el abandono y la destrucción por la falta de mantenimiento que después no solo genera un costo enorme de recuperación sino que además genera serios perjuicios a la producción y el desarrollo.
El debate sobre la obra pública trasciende el recorte presupuestario. ¿La infraestructura debe ser considerada un gasto o una inversión estratégica? ¿Aporta productividad, permite el acceso a servicios básicos y mejora la calidad de vida?
Una sentencia es segura: su abandono no solo deteriora la competitividad del país, sino que limita su capacidad de crecimiento a futuro.
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