Emir Félix volvió a hablar de los mapuches
En el sur de Mendoza, los dirigentes tanto políticos como empresariales, han conformado un verdadero frontón institucional que no permitirá que se avasalle el derecho de propiedad con la decisión de INAI de adjudicar derechos posesorios a seudo mapuches.
En el noticiero de Televisión Andina, el oficialismo y la oposición de San Rafael, y los dirigentes empresariales de ese departamento y de Malargüe, dejaron bien en claro que conformarán un frontón administrativo y judicial contra la resolución nacional.
Lo señalaron, en sucesivas entrevistas, desde el intendente de San Rafael, el peronista Emir Félix, hasta concejales radicales, pasando por los presidentes de las cámaras de comercio de ese departamento y de Malargüe
Félix, en particular, decidió avanzar, primero por la vía administrativa, y luego la judicial, si es necesario, en contra de la resolución del organismo nacional.
El jefe comunal fue contundente en decir que esta ley era para comunidades de pueblos originarios, y ahora se usa para casos particulares de personas que deberían primero probar que son descendientes de estos porque “todos los días aparecen indígenas nuevos”.
Para Félix se está a tiempo de actuar porque “la donación (de tierras) todavía no existió; sólo se les adjudicó un derecho sobre la tierra”.
“Esto parte de una ley que tenía por espíritu parar los desalojos que estaban sufriendo algunos pueblos originarios en la zona de los wichis, tobas, zonas del norte. Y era una ley por cuatro años, donde había que hacer un estudio concreto de cuáles eran las comunidades de pueblos originarios que pudieran tener ese riesgo”, relató.
“Pero, desde el 2006, se fue prorrogado sucesivamente la ley; y muchos de los problemas que fuimos teniendo, hicieron perder el espíritu de la misma. Ya no se trata de pueblos originarios reales, y se fue mezclando todo”, remarcó Félix.
“Es aquí donde los legisladores y la política dejen un ratito la grieta y se pongan de acuerdo de que es hora de modificar esta ley porque era para 4 años y se viene renovando sin modificarla; entonces, todos los días aparecen indios nuevos”, invitó el mandato sureño.
Para Félix, lo “complicado” es que esta decisión del INAI genera “una jurisprudencia y problemas para adelante”.
“Esto genera una inseguridad jurídica impresionante porque lo que está planteando es ir sobre los derechos de otros privados y sobre la propiedad privada, que esto es lo complejo”, resaltó.
Allí fue cuando anticipó que “profesionales nuestros están estudiando esta resolución; pero yo creo que podríamos llegar a tener una etapa administrativa intermedia ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Porque es una medida administrativa que me parece que hay que agotar esa instancia, para ir a la judicial. Pero no descartamos para nada ir a la instancia judicial”.
El intendente recordó que en San Rafael “no existe una comunidad que esté siendo perseguida; puede haber casos de familias, particulares o de casos particulares que hay que resolverlos, por supuesto”.
En lo inmediato, lo que le preocupa a Félix, es que “se han planteado situaciones difíciles en zonas de campo, de secano; donde roza la violencia, lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que tener un marco de seguridad jurídica que nos permita vivir en paz”.
En ese sentido, diferenció la actual situación con “los casos de violencia del sur, como Río Negro, o en Chile, no es el caso de lo que sucede en Mendoza. Si bien hay cortes de rutas que joden la paciencia, para decirlo directo, pero por lo menos acá no ha habido violencia organizada ni sistemática; sólo situaciones particulares”.
Félix, reveló que ahora ha tomado cartas en el asunto porque cuando él estuvo convaleciente, no supo que el Inai pidió documentación al municipio; pero aclaró que la comuna no forma parte del expediente.
“Estábamos estudiando el expediente, a la parte que tuvimos acceso; algunos generaban la duda acerca de si el municipio había actuado; no, el municipio no es parte del expediente. Lo único que nos notificaron en el mes de mayo, cuando yo no estaba en funciones, de que se iba a hacer una especie de relevamiento catastral de la zona”.
“También se lo notificaron al gobierno de la provincia, al que le pidieron datos catastrales para llevar adelante ese relevamiento adelante; y ATM prestó toda esa información para que se haga ese planteo”, contó Félix.
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