Santa Fe promulga prórroga que prevé la "distribución solidaria" de los recursos provenientes de los juegos de azar
La provincia de Santa Fe extendió por cinco años el esquema que reparte fondos del juego para programas sociales, municipios, salud, discapacidad y bomberos.
Santa Fe promulga prórroga que prevé la “distribución solidaria” de los recursos provenientes de los juegos de azar
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, Argentina, ha promulgado la Ley N°14.416, una medida que extiende por un período de cinco años la vigencia del esquema de “distribución solidaria” de los recursos generados por la actividad lúdica. Esta legislación regula la asignación de los fondos obtenidos a partir de la explotación o concesión de los juegos de azar regulados, incluyendo los ingresos provenientes de los tres casinos provinciales y las plataformas de juegos por internet.
El juego en Argentina: ¿Cuánto genera y cómo se regula?
La industria del juego está conformada por operadores de casinos y casas de apuestas presenciales y en línea. A su vez, abarca a los desarrolladores de estos productos y plataformas, tales como Pragmatic Play, Evolution Gaming y Relax Gaming entre otros.
Según datos suministrados por el portal Grand View Horizon, el mercado global de apuestas (sin contar el sector presencial) generó ingresos por 78 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 153 mil millones de dólares para 2030. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (2025-2030) del 11,9 % para 2030. Las apuestas deportivas son el segmento más lucrativo, con el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.
En el particular caso de Argentina, estudios realizados por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y Google indican ingresos de alrededor 4 millones de dólares en apuestas deportivas y 1,4 millones de dólares en póker y juegos de casino, cifras exclusivas del sector en línea.
En el país, la regulación de la actividad varía según la Provincia, ya que no existe una ley a nivel federal como en países como Colombia. Consecuentemente, cada región es responsable de determinar la legalidad de las apuestas y la regulación de dicha actividad.
En provincias como la de Santa Fé, por ejemplo, los juegos de azar y apuestas deportivas están permitidas. En 2024, se aprobaron las plataformas en línea que ofrecen servicios. Aunque el gobierno de la provincia se encarga de licitar los permisos para que empresas privadas de dicha vertical operen, los usuarios también pueden acceder a operadores internacionales como Gamdom. Operadores como el anterior han ganado fama alrededor del mundo por ofrecer juegos como Hi-Lo y Dice además de aceptar pagos con criptomonedas. Sin embargo, al ser internacionales, no están regulados por la ley argentina.
En general, debido al alto volumen de ingresos que la industria de las apuestas moviliza, provincias como la de Santa Fe buscan ampliar su marco regulatorio con el objetivo de financiar obras y proyectos sociales.
Entendiendo la Prórroga de la Distribución Solidaria de Utilidades del Juego en Santa Fe
El Decreto N°2.605, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública) el pasado 17 de octubre, formaliza la prórroga de la Ley N°13.385. Esta norma,extiende y ratifica las modificaciones hechas a la Ley de Casinos y Bingos para priorizar y ampliar los destinos sociales de los fondos recaudados.
Este mecanismo de distribución ha sido previamente prorrogado en dos ocasiones anteriores, en los años 2018 y 2022, asegurando la continuidad de su propósito central de mantener una asignación solidaria de las utilidades.
La iniciativa, que fue impulsada por el diputado oficialista Joaquín Blanco, tiene como propósito declarado garantizar que estos ingresos extraordinarios continúen financiando áreas prioritarias del Estado provincial.
La estructura de reparto de los recursos establecida por la Ley N°14.416 es detallada y apunta a diversos sectores sociales e institucionales. El mayor porcentaje (69%) se destina a aquellos fines sociales establecidos en la Ley N°5.110. Un 10% de los fondos se dirige a las municipalidades y comunas, siguiendo el régimen de coparticipación provincial aplicable al Impuesto Inmobiliario.
La distribución solidaria canaliza porcentajes específicos a distintas normativas sociales:
4% a los fines de la Ley Provincial de Discapacidad N°9.325.
4% para la Ley N°11.264 de Donación, Ablación e Implante de Órganos.
4% más para la Ley N°12.967 de Protección integral de menores.
5% a políticas de promoción turística en toda la provincia.
3% al funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios.
1% restante a erogaciones para la infraestructura, equipamiento y mantenimiento del Laboratorio de Especialidades Medicinales Sociedad del Estado (LEMSE).