Mendoza reclama contra un ajuste en discapacidad que amenaza las prestaciones esenciales ante el avance de la ley.
Discapacidad: Mendoza se puso de pie contra el ajuste y la ley que anula derechos.
Foto: Cristian LozanoBajo la consigna de defender la dignidad de los más vulnerables, cientos de familias, pacientes, prestadores y transportistas de Mendoza se unieron para rechazar el proyecto de reforma de la Ley de Discapacidad enviado al Senado por el Gobierno nacional. El reclamo no es un hecho aislado, se dio en el marco de una jornada nacional de lucha.
Según el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el objetivo es visibilizar ante la población “la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores que les brindan servicios”.
Más allá del debate legislativo, la urgencia es económica. El Foro denunció en un informe reciente que el sistema está al borde de la parálisis: “Actualmente, los prestadores enfrentan un importante atraso en los pagos del programa Incluir Salud, registrándose deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026”.
En Mendoza, la situación es idéntica. Prestadores locales aseguran llevar cuatro meses sin cobrar, lo que pone en riesgo la continuidad de terapias y traslados vitales.
"Nuestros hijos son invisibles ante el Gobierno. El Estado no los quiere", expresaron familiares durante la protesta en la explanada mendocina.
El malestar se profundiza al analizar la reforma que el Ejecutivo nacional pretende aprobar en el Congreso. El proyecto, que busca modificar las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, introduce cambios que los manifestantes califican como un "atentado a la diversidad":
Reempadronamiento forzado: se establece un plazo de 90 días para reinscribirse bajo riesgo de baja automática.
Incompatibilidad con el trabajo: cualquier empleo registrado significará la pérdida inmediata de la pensión, eliminando la posibilidad de integración laboral.
Desregulación arancelaria: el Ministerio de Salud tendrá discrecionalidad para fijar pagos, eliminando la actualización automática.
Fragmentación geográfica: la calidad de la prestación dependerá de la provincia donde resida la persona o de la capacidad económica de su familia, rompiendo el principio de igualdad nacional.
Durante la jornada en Mendoza, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, recibió a un grupo de manifestantes que le transmitieron el rechazo absoluto a la "Ley de Emergencia en Discapacidad". Las familias fueron claras: la atención no puede depender de la obra social que se tenga ni de la situación económica particular.
"Necesitamos que los Diputados y Senadores de esta Provincia se preocupen por nuestros hijos", concluyeron los manifestantes, advirtiendo que el plan de lucha continuará hasta que se garantice el financiamiento del sector y se detenga una reforma que, aseguran, solo busca ajustar sobre quienes más apoyo necesitan.