El Gobierno envió un proyecto al Congreso que propone reempadronamientos obligatorios, auditorías médicas periódicas y cruces de datos para revisar más de un millón de beneficios.
El Gobierno impulsa una ley contra el fraude en las pensiones por invalidez.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez. Como parte a la reforma de Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Ejecutivo pero ratificada por el Congreso.
La iniciativa del gobierno de Javier Milei apunta a reorganizar el régimen actual. Lo que argumentan es un aumento exponencial de este beneficio, que pasó de unos 76.000 pensionados a cerca de 1,2 millón en las últimas dos décadas, lo que encendió alertas dentro del Ejecutivo sobre posibles fraudes o inconsistencias en la asignación de prestaciones.
El proyecto establece una batería de medidas para revisar el universo actual de beneficiarios. Entre los principales cambios, se incluye un reempadronamiento obligatorio, con el objetivo de actualizar la información de quienes perciben la pensión.
Además, se prevén auditorías médicas periódicas y el cruce de datos con distintos organismos del Estado para verificar la situación socioeconómica y laboral de los titulares.
En ese sentido, el texto habilita la posibilidad de suspender o dar de baja beneficios en caso de detectar inconsistencias o incumplimientos en los requisitos.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la redefinición del esquema de las pensiones por invalidez. Según se plantea, la prestación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
A su vez, se establecen nuevas incompatibilidades, particularmente con el empleo formal, lo que implica un endurecimiento en las condiciones para acceder y sostener el beneficio.
Las pensiones por invalidez son administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de otorgar y controlar este tipo de prestaciones dentro del sistema de seguridad social.
El avance del proyecto se da en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema y en un escenario donde el Gobierno busca reducir irregularidades y mejorar la focalización del gasto público.
Ahora, la iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, donde se anticipa una discusión tensa,
el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
