El Gobierno chileno avanza en una ley que regulará y gravará los casinos online, con licencias, impuestos y medidas de juego responsable desde 2025.
Gobierno estudia nuevas normas de tributación para los casinos online en Chile
El panorama de los casinos y apuestas online en Chile está a punto de transformarse por completo. El Gobierno chileno avanza en una propuesta legislativa que busca regular y gravar las actividades de juego digital y entonces de los casinos online legales, un sector que hasta ahora ha operado sin una estructura legal clara y que representa una pérdida importante de ingresos fiscales para el país.
Durante años, diversas plataformas internacionales han ofrecido servicios de apuestas a usuarios chilenos sin estar sujetas a impuestos ni supervisión local. Esta situación ha generado preocupación tanto por la falta de control sobre el juego responsable como por el impacto económico. Ante ello, el Ejecutivo ha decidido impulsar una ley integral que establezca normas fiscales, regulatorias y de protección al usuario, con el objetivo de ordenar el mercado y alinearlo con los estándares internacionales.
La iniciativa, aprobada recientemente por la Comisión de Hacienda del Senado, propone la creación de un sistema de licencias obligatorio para todos los operadores de apuestas y casinos en línea, ya sean nacionales o extranjeros. Solo quienes obtengan esta autorización podrán ofrecer servicios en Chile, lo que permitirá al Estado identificar, supervisar y sancionar a quienes incumplan las normas.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el nuevo régimen impositivo. Las plataformas autorizadas deberán pagar el 19 % de IVA sobre los servicios digitales de juego, además de un impuesto del 20 % sobre los ingresos brutos obtenidos por la actividad (conocido como gross gaming revenue). A esto se suman otras contribuciones específicas, como un 1 % destinado a programas de juego responsable y un 2 % orientado al desarrollo deportivo nacional.
De esta manera, la carga tributaria total rondaría el 28 %, aunque el Ministerio de Hacienda ha aclarado que el diseño fiscal busca mantener la competitividad frente a otros países de la región, evitando desincentivar la entrada de operadores formales.
El proyecto establece que las reglas serán idénticas para empresas nacionales e internacionales, garantizando una competencia equilibrada. Esto significa que los operadores extranjeros deberán registrarse y tributar en Chile bajo las mismas condiciones que las compañías locales.
El Gobierno pretende así cerrar la brecha que ha permitido a muchos sitios extranjeros captar jugadores chilenos sin contribuir al fisco. Además, esta igualdad de condiciones busca atraer inversiones y fomentar la formalización del sector, algo que hasta ahora ha sido prácticamente inexistente.
Según estimaciones oficiales, el país pierde alrededor de 13 millones de dólares anuales por la falta de regulación. Con el nuevo sistema, las autoridades esperan recaudar hasta 55 millones de dólares al año en impuestos, cifra que podría crecer a medida que el mercado se expanda y se fortalezca la fiscalización.
Más allá de la tributación, el proyecto introduce una serie de medidas para garantizar un juego seguro y responsable. Todos los usuarios deberán verificar su identidad mediante sistemas biométricos, con el fin de impedir la participación de menores y prevenir fraudes.
Asimismo, las plataformas estarán obligadas a ofrecer herramientas de autocontrol, como límites de depósito, alertas de tiempo de juego y opciones de autoexclusión. También se establecerán protocolos contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y otras entidades reguladoras.
Estos elementos buscan dar confianza a los usuarios y a la sociedad, mostrando que el juego digital puede desarrollarse de forma transparente y controlada. El Estado chileno pretende así alinearse con los estándares internacionales de regulación, ya adoptados en mercados como España o Colombia.
En los últimos años, Chile ha visto un aumento exponencial en las apuestas en línea, impulsado por el crecimiento de las plataformas digitales y la facilidad de pago mediante criptomonedas o billeteras electrónicas. Sin embargo, la falta de regulación ha dejado vacíos legales que han sido aprovechados por empresas sin licencia.
La Corte Suprema de Chile determinó recientemente que toda forma de juego online es ilegal mientras no exista una ley específica que la autorice, lo que refuerza la urgencia de aprobar esta normativa. De no hacerlo, el país seguiría enfrentando un mercado informal, sin protección al consumidor y sin beneficios fiscales.
El Ministerio de Hacienda, junto con la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos, ha liderado la redacción del texto legal, que establece sanciones severas para quienes operen sin licencia, incluyendo bloqueos de sitios web y multas millonarias. Los proveedores de internet y medios de pago deberán colaborar con las autoridades para impedir el acceso a plataformas no reguladas.
El impacto de esta legislación será amplio. En el plano económico, permitirá al Estado diversificar su base tributaria, aprovechando un sector con alto potencial de recaudación. También se prevé una mayor transparencia financiera, ya que los operadores estarán obligados a presentar reportes detallados sobre ingresos, apuestas y pagos a los usuarios.
Desde una perspectiva social, el proyecto busca proteger a los grupos más vulnerables frente a la ludopatía. El fondo de 1 % destinado al juego responsable se utilizará para campañas de prevención, educación y asistencia a personas afectadas. Del mismo modo, el aporte del 2 % al deporte pretende reforzar el vínculo histórico entre las apuestas y la financiación de actividades deportivas, un modelo ya aplicado en varios países europeos.
A pesar del consenso general sobre la necesidad de regular, existen tensiones y desafíos. Algunos expertos advierten que una carga impositiva demasiado alta podría desincentivar la entrada de operadores legales o fomentar que los jugadores sigan acudiendo a plataformas extranjeras no reguladas.
Otros sectores, como los casinos físicos y las loterías tradicionales, han manifestado preocupación por una posible competencia desigual si los operadores online logran ventajas tecnológicas o de mercado. Se discuten posibles ajustes para equilibrar las condiciones entre ambos formatos de juego.
También quedan pendientes aspectos técnicos, como la implementación de sistemas de verificación biométrica a gran escala, la supervisión de plataformas extranjeras y la coordinación con las autoridades financieras internacionales para prevenir delitos asociados al juego digital.
La nueva regulación representa un cambio estructural en la política chilena sobre el juego. A diferencia de enfoques prohibicionistas del pasado, el Gobierno busca controlar y fiscalizar sin frenar la innovación tecnológica, reconociendo que las apuestas online son una realidad consolidada.
Si la ley se aprueba durante 2025, Chile se sumará al grupo de países latinoamericanos que han adoptado modelos regulados y transparentes de juego digital, siguiendo el ejemplo de Colombia, Argentina y Perú.
A largo plazo, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para mantener una fiscalización efectiva, garantizar la integridad del sistema y ofrecer incentivos suficientes para que tanto operadores como jugadores participen dentro del marco legal.
En definitiva, el proyecto marca una nueva etapa para la industria del entretenimiento digital en Chile, combinando recaudación fiscal, innovación tecnológica y responsabilidad social.