En Mendoza, los reclamos de consumo podrán hacerse gratis y sin abogado, con un tope de $2,5 millones y resolución rápida en Pequeñas Causas.
Carina Ginestar, directora de Pequeñas Causas de la Suprema Corte de Justicia,
Foto: Cristian Lozano Con la nueva ley sancionada días atrás, los reclamos por conflictos de consumo en Mendoza podrán realizarse sin abogado, de manera gratuita y con un límite de hasta $2,5 millones. Conocé cómo funciona el sistema de Pequeñas Causas y dónde iniciar la demanda.
La Legislatura aprobó modificaciones al Código Procesal que impactarán directamente en los conflictos de consumo de menor cuantía. Con la nueva ley, el límite de intervención de la Oficina de Pequeñas Causas se eleva a $2,5 millones, lo que permitirá que más ciudadanos resuelvan reclamos de manera rápida, gratuita y sin necesidad de abogados.
Carina Ginestar, directora de Pequeñas Causas de la Suprema Corte de Justicia, explicó en el programa Haciendo Cumbre, en Aconcagua Radio que este fuero funciona desde hace diez años en la provincia de Mendoza (pionera en el país) con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia.
“Cualquier mendocino puede iniciar su demanda sin abogado. Es una Justicia diferente, más rápida y expeditiva, porque el derecho del consumidor requiere un tratamiento inmediato”, señaló Ginestar.
Se trata de una herramienta destinada principalmente a resolver conflictos de consumo de menor cuantía, como compras defectuosas, facturaciones indebidas o problemas con servicios, situaciones que muchas veces afectan a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.
Según Ginestar, la Oficina resuelve en promedio las causas en 45 días y alcanza un nivel de acuerdo del 95 al 96% entre consumidores y proveedores. “El proveedor llega a la primera audiencia con una propuesta porque ya recibió todo el material. Se trata de casos no complejos, donde no hace falta prueba pericial, porque el derecho ya fue vulnerado”, agregó.
Algunos de los conflictos incluyen descuentos indebidos en cuentas de jubilados, cobros de seguros no contratados, irregularidades en planes de ahorro, fallas en servicios turísticos o médicos, prepagas, y problemas vinculados a billeteras virtuales y tarjetas de crédito.
Ginestar remarcó que cualquier ciudadano puede iniciar su reclamo en las oficinas judiciales (en el Palacio Judicial) o por correo electrónico ([email protected]).
La atención es gratuita y no requiere patrocinio letrado. “Si el monto supera el límite, debe tramitarse por otra vía. Y si además el consumidor quiere denunciar ante Defensa del Consumidor, también puede hacerlo, pero allí lo que se busca es sancionar a la empresa. Nuestro rol es reparar daños y perjuicios”, explicó.
En 2024, la oficina registró más de 20.000 consultas y hoy recibe un promedio de cien por día. “Esta es una Justicia inmediata, que responde a una necesidad concreta de la gente”, subrayó la funcionaria.
Hasta ahora, la competencia estaba fijada en tres jus (equivalentes a unos mil dólares), mientras que en Brasil el límite asciende a 5.700 dólares. Con la nueva norma, Mendoza se acercará a los 1.700 dólares.
“Estamos pidiendo expediente electrónico y nuevas herramientas tecnológicas para afrontar el aumento de casos que traerá la duplicación del monto”, adelantó Ginestar.
Específicamente, el inciso b del artículo 218° es el que recibirá cambios una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la norma. El objetivo es evitar que los ciudadanos vean restringidos sus derechos por el desfasaje de los montos y que puedan resolver sus reclamos de forma ágil y accesible. La iniciativa fue impulsada por el senador David Sáez.
La actualización permitirá que los reclamos que antes tenían un tope de tres Unidades de Medida Arancelaria (JUS), equivalentes a unos $1,5 millones; se extiendan a cinco JUS, es decir, cerca de $2,5 millones tomando como referencia el valor actual de la unidad (alrededor de $541 mil).