Luego de ser sometido a debate en la Comisión de Educación ampliada en la Legislatura de Mendoza, la semana pasada, el Plan Estratégico de Alfabetización Escolar (PEAM) recibió media sanción- por unanimidad- en la Cámara de Senadores. Este miércoles podría aprobarse en Diputados para que entre en vigencia en el 2023.
“Para concretar una reforma a la Ley Provincial de Educación, teníamos que ponernos de acuerdo en diez puntos y no pudimos. Por este motivo, decidimos avanzar en aquellos aspectos en los que sí conseguimos consenso y uno de estos es la alfabetización escolar”. Estas fueron las palabras del titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, para presentar el PEAM, que ya fue aprobado por la Cámara Alta y ahora espera por la sanción definitiva en Diputados.
El proyecto ya tomó estado parlamentario y esta semana podría recibir el despacho en Educación y ser votado en la Cámara Baja.Todo indica que el miércoles conseguirá sanción definitiva ya que el texto fue debatido y modificado por legisladores pertenecientes al cuerpo de Senadores y de Diputados.
Momentos previos a su sanción en el Senado, la presidenta de la Comisión de Educación, Mariana Zlobec había adelantado que lo más probable era que el proyecto fuera sancionado rápidamente porque todos/as los legisladores habían colaborado con aportes y sugerencias. “Para ser sincera, he visto mucha predisposición tanto del oficialismo como de la oposición. Seguramente, será sancionado antes de que concluya este año para que pueda ponerse en marcha en el 2022”, dijo.
¿De qué se trata el proyecto?
El Plan Estratégico de Alfabetización Escolar establece pilares básicos “que la evidencia ha demostrado que son fundamentales porque entendemos que la alfabetización es la puerta de entrada al derecho a la educación, es la base”, señaló Thomas antes de enumerar los puntos más importantes del proyecto.
“En primer lugar, considerarla una política prioritaria. Segundo, garantizarle los recursos y, tercero, la evaluación continua y el seguimiento nominal del alumnado. Luego, a partir de los resultados que arroje la última instancia, tomar decisiones para acompañar al estudiante hacia los niveles esperados, especialmente, en tercer grado”, expuso.
Hacienda se sumó la semana pasada al debate ya que el proyecto estipula una asignación del 2% anual del presupuesto de la DGE destinado a garantizar los elementos necesarios para dar cumplimiento a la ley, una vez sancionada.