El Gobierno ya oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público, pese a los reclamos de los trabajadores.
El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno de Mendoza reglamentó el nuevo Estatuto del Empleado Público, luego de que el martes pasado la Cámara de Senadores la convirtiera en ley, en medio de protestas de gremios de trabajadores públicos que intentaban frenar estos cambios y la advertencia de hacer un planteo en la Suprema Corte de Justicia. En qué consisten las modificaciones.
El nuevo Estatuto del Empleado Público quedó oficializado este lunes con la reglamentación de la Ley 9665 en el Boletín Oficial.
Se eliminan los cargos por herencia, se regulan las indemnizaciones (que superaban en alrededor de un 250% a las del empleo privado) y se establece la obligación de rendir y concursar para acceder a la planta estatal. Asimismo, se fijan límites a las contrataciones temporarias, las cuales deberán finalizar al término del mandato de quien realizó la designación.
La Ley 9.665 modifica el Estatuto del Empleado Público establecido por el Decreto Ley 560/73, sustituyendo los artículos 1, 4, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
"La norma actualiza un régimen con más de cincuenta años de antigüedad, eliminando disposiciones obsoletas y adaptando el marco legal a las nuevas condiciones del empleo estatal", explicaron desde el Gobierno.
Entre los principales cambios, se redefine la estructura del personal público, se incorporan mecanismos más claros de evaluación y disciplina, y se crea la figura del agente interino, con estabilidad limitada hasta la realización de los concursos correspondientes.
Tras su aprobación en la Legislatura, la reforma recibe sanción definitiva, para modernizar la gestión pública sin generar mayores costos ni crear nuevos cargos, estableciendo criterios uniformes para las indemnizaciones (equivalentes a un año de remuneración por cada año de servicio, con pago máximo en 30 días) y delimitando con precisión los alcances del Estatuto.
La ley alcanza al personal de los tres poderes del Estado y a los organismos centralizados y descentralizados, pero excluye a docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados municipales con regímenes propios. Además, promueve la resolución administrativa de conflictos internos, con el fin de reducir la judicialización de las sanciones menores.
Luego de aprobarse el proyecto, gremios como ATE, AMPROS, la CTA Autónoma aseguran que este cambio se trata de una reforma laboral encubierta.
Desde ATE señalaron que "los legisladores votaron una reforma laboral que es inconstitucional, ya que vulnera la legislación laboral vigente, los pactos y tratados internacionales a los que Argentina está adherida".
"La Asociación Trabajadores del Estado va a utilizar todas las herramientas legales para agotar las instancias y realizar las denuncias correspondientes. Con más unidad, fuerza y lucha, seguiremos adelante en las calles, por las reivindicaciones que urgen a nuestras bases", señalaron.