A dos días de instruir a la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones tendientes a declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones del INAI mediante las cuales se entregaron 21 mil hectáreas a supuestas comunidades mapuches en el Sur de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la situación que enfrenta una vez más a la Provincia con Nación.
Para el primer mandatario, se trata de “un avance más” del Ejecutivo federal, que se suma al laudo contrario del presidente Alberto Fernández en torno a Portezuelo del Viento y a “la discriminación que vivimos” en relación al reparto de los fondos discrecionales.
“Acá hay un problema entre privados, porque esas tierras han estado en litigio en Mendoza. Hay sentencias de la cámara y de la Corte en las que se ha ordenado el desalojo y algunos pícaros buscan esa ley (por la 26.160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas), que es buena en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, pero no es para hacer avivadas”, analizó Suarez.
El gobernador planteó que los beneficiarios de la resolución nacional son grupos que utilizan la situación para mantenerse en el lugar, pero “son tierras valiosas que tienen que ver con el futuro de Mendoza, así que vamos a intervenir”.
Afirmó -además- que la Provincia debió haber sido parte en todo el proceso, especialmente “en cómo se reconocen estos pueblos originarios porque aquí nunca hubo mapuches. O sea que aquellos que se autoperciben así deberían haber buscado otras comunidades originarias para hacerlo”.
Aclaró que hasta el momento no se ha ocupado ninguna parcela en la zona abarcada por la disposición del INAI porque previamente estuvieron sometidas a litigio, aunque hizo hincapié en que “se interpondrán todas las acciones que sean necesarias para que eso no ocurra”.
“Nosotros no podemos permitirlo, hay que respetar la institucionalidad y la provincia. Vamos a dar la pelea como ya lo hemos hecho”, sentenció.
