El dirigente mendocino vinculó la decisión oficial con la "Ley Petri" sancionada en 2017, que ya contemplaba bloquear celulares en penales.
El diputado nacional respaldó la resolución del Ministerio de Seguridad.
Foto: Mike BartoluceEl diputado nacional mendocino Luis Petri (La Libertad Avanza) respaldó la decisión del Gobierno nacional de instalar inhibidores de señal en cárceles federales y aseguró que se trata de una medida que ya había sido impulsada años atrás, pero que nunca se aplicó.
A través de sus redes sociales, el exministro de Defensa calificó la iniciativa como “valiente y necesaria” y la vinculó directamente con la ley que impulsó en 2017, conocida como “Ley Petri”, que introdujo cambios en el régimen penitenciario. “Una ley que no se cumplía por falta de voluntad de enfrentarse a la delincuencia”, sostuvo.
En su publicación, el diputado también difundió un video de una entrevista televisiva de 2017, cuando integraba la Cámara baja por Cambiemos, en la que ya planteaba la necesidad de avanzar con este tipo de herramientas.
En ese entonces, Petri advertía que la prohibición del uso de celulares en cárceles, por sí sola, resultaba insuficiente y debía ser acompañada por tecnología que garantizara su cumplimiento efectivo.
“La prohibición lisa y llana parece una expresión de deseo. Para hacerla efectiva, hay que colocar inhibidores de señal en el perímetro de las penitenciarías”, explicaba.
Ese planteo quedó plasmado en la Ley 27.375, que modificó la Ley de Ejecución Penal (24.660) y que, entre otros cambios, prohibió las comunicaciones telefónicas a través de celulares en cárceles y estableció la instalación de inhibidores en los penales.
La norma también incluyó un endurecimiento del régimen para determinados delitos y cambios en el sistema de progresividad de la pena, pero el punto vinculado al bloqueo de celulares nunca se implementó de manera efectiva, según remarcó el propio legislador.
La medida respaldada por Petri quedó formalizada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autoriza al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos de detección y bloqueo de celulares en las cárceles federales.
El eje central de la normativa es la implementación de sistemas capaces de identificar y anular códigos IMEI e IMSI, lo que permite bloquear el funcionamiento de los dispositivos móviles dentro de los establecimientos.
Según se desprende del texto oficial, la decisión apunta a evitar que internos utilicen celulares para planificar delitos, como extorsiones, secuestros o maniobras vinculadas al narcotráfico.
Además, la resolución instruye a las áreas técnicas del Ministerio a garantizar que los bloqueos no afecten zonas externas a las cárceles, uno de los principales cuestionamientos que habían surgido en experiencias previas.
La resolución incluye un anexo con un manual de procedimiento que detalla el funcionamiento del sistema. Allí se establece que los dispositivos serán detectados dentro de zonas restringidas y luego bloqueados a través de las empresas de telecomunicaciones.
El mecanismo prevé varias etapas:
También se dispone la creación de un registro de dispositivos bloqueados y la realización de auditorías para verificar el cumplimiento del sistema.
En paralelo, se establecen zonas habilitadas para el resguardo de celulares de personal autorizado, como funcionarios judiciales o agentes penitenciarios, fuera de las áreas restringidas.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la medida busca “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas delictivas organizadas desde el interior de las cárceles, donde el uso de celulares se convirtió en una herramienta clave para bandas criminales.