Se reanudan las paritarias para estatales.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza y los gremios estatales dieron inicio este jueves a las paritarias 2023. El oficialismo llevó a la mesa negociadora la primera oferta del año, que constó de dos alternativas que serán bajadas a todos los regímenes.
Tanto el SUTE (docentes y celadores) como Ampros (profesionales de la salud) rechazaron ambas opciones y pidieron mejoras. La oferta salarial del Ejecutivo implica un aumento de los sueldos del 33,5% a julio, o del 71% a octubre, de forma escalonada (en cuotas).
Si bien las posturas de las entidades gremiales difieren a raíz de las características propias de cada sector, hubo coincidencias respecto a que la fórmula presentada por la patronal no contempló la inexistencia de aumento en el año 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid. Desde hace tiempo los sindicatos reclaman la recomposición del 36% de inflación de ese año, pero desde el Gobierno afirman que esa pérdida fue reconocida en el incremento “integral” otorgado en la paritaria 2021.
No obstante, la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado -Beatriz Martínez- anticipó que reformularán el ofrecimiento y tomarán en cuenta algunas de las “inquietudes” presentadas por las organizaciones. “Acordamos tomarnos unos días, poder trabajarlas en mesas técnicas y volver a reunirnos con más definiciones”, señaló la funcionaria. Las nuevas audiencias quedaron fijadas para el lunes 13 a las 14 con el SUTE y para el jueves 16 con Ampros.
Carina Sedano, titular del SUTE, señaló a Medios Andinos que la propuesta no fue aceptada -en primera instancia- por los plazos establecidos para la revisión (lo dicho, julio y octubre). “Es un lapso muy extenso para la situación socioeconómica que atraviesa el país. Ya nos pasó el año pasado (NdR: por la escalada inflacionaria debió adelantarse la convocatoria); no podemos cometer el mismo error”, reflejó la dirigente.
Además de la recomposición del 2020, los representantes del gremio solicitaron la revisión del piso salarial de los docentes (“Hay un achatamiento de la pirámide; hasta los 15 años cobran lo mismo”, indicó Sedano) y la creación de un piso para celadores atado al de los educadores, junto a una reformulación de la antigüedad de ese sector.
Asimismo, reclamaron el punto perdido en enero (el aumento para los trabajadores estatales ese mes fue del 5% y la inflación marcó un 6%) y propusieron que la base de cálculo para las subas salariales sea a diciembre de 2022 hasta mediados de año, y que en el segundo semestre se actualice a julio de 2023.
Por el lado de los profesionales de la salud, su secretaria general -Claudia Iturbe- reveló que se insistió con el cumplimiento de actas paritarias firmadas en el pasado, tales como el pase a planta de contratados, la incorporación del ítem “mayor dedicación” al personal que corresponde y los cambios del régimen 15 al 27, entre otros.
También se pidió que el pago del adicional “zona de promoción” se abone a todos los profesionales de la salud, no solo a los que prestan servicios en el Ministerio de Salud.
Del mismo modo, Ampros volvió a llevar a la mesa de negociación los perjuicios que genera a ciertos especialistas la Ley de Tope Salarial, mediante la cual ningún agente del estado puede percibir un honorario mayor que el del Gobernador. “Le pone un límite a los recursos humanos más críticos de la provincia, que cumplen 55 horas para el Estado, son jefes de servicio o tienen su título bloqueado y no pueden trabajar en el ámbito privado. Sería el fin de la salud pública, porque tienen topeado su salario”, especificó Iturbe.
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