Oficial: esta es la adenda que libera los fondos de Portezuelo del Viento
El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó los cambios al acuerdo por Portezuelo del Viento. El mismo permitirá usar el dinero para otras obras. El gobernador Alfredo Cornejo lo anunció el 1° de Mayo.
Oficial: esta es la adenda que libera los fondos de Portezuelo del Viento.
Foto: Yemel Fil
El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto que contiene la adenda al contrato por los fondos de Portezuelo del Viento y, de esta manera y luego de la próxima ratificación legislativa, se liberarán las obras para otras obras.
Según se indica en el decreto, se aclara que "los fondos objeto del acuerdo aprobado por el artículo precedente serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes".
El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó los cambios al acuerdo por Portezuelo del Viento. El mismo permitirá usar el dinero para otras obras.
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Por otro lado, la modificación al convenio original incluye que se habilita el uso del dinero para "otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial que se ejecutarán conforma al régimen jurídico provincial".
Asimismo, y debido al flamante acuerdo, la Provincia aceptó "mantener indemne al Estado Nacional" de juicios como consecuencia de las responsabilidades o de la ejecución de las obras.
Según figura en la cláusula tercera de la adenda, el texto deberá ser ratificado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y la Legislatura mendocina.
El acuerdo por Portezuelo del Viento
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Los cuatro argumentos del Sur para reclamar los fondos de Portezuelo del Viento
Legitimidad: “Tiene que ver con el desastre que generó la promoción Industrial en la infraestructura productiva y en la cadena de valor” del Sur mendocino, el que claramente se vio más perjudicado por aquel régimen de beneficios impositivos para San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja; explicó el dirigente político Néstor Orosito. Desde que se implementó la promoción, en 1970, hasta su derogación en el nuevo siglo, la participación de la zona Sur en el producto bruto interno provincial cayó del 47 al 15 por ciento.
Esos efectos motivaron la reacción de las cámaras empresarias del Sur, que fueron las primeras que interpusieron un recurso ante la Corte Suprema; el paso originario para que Nación le reconozca a Mendoza el perjuicio provocado. Lo que lleva al segundo argumento:
Legitimidad de origen: justamente fue el Sur el que alzó la voz y se puso al frente del reclamo ante el máximo tribunal por las consecuencias provocadas por la promoción industrial.Tanto en 2003 como en 2010 (cuando se decretó la extensión del régimen), la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael presentó recursos de amparo para dar fin al sistema que perjudicó a Mendoza por décadas.
Esas gestiones contribuyeron para que la Provincia obtenga los fondos para Portezuelo. Por ello se interpreta que tales acciones generaron una legitimidad y reconocimiento de origen de los recursos a la región Sur.
Convencionalidad: Orosito hizo hincapié en que -desde la firma del convenio Cobos/Kirchner en 2006, cuando se acordó la construcción de Portezuelo- la megaobra estuvo presente -en los sucesivos convenios bilaterales- como la opción principal para el destino de los fondos.“Habla que, en prácticamente 20 años, tanto Nación como Mendoza han reconocido la justicia en la localización de los fondos en el Sur”, subrayó el dirigente. “No es una cuestión mágica o caprichosa”, completó.
Legalidad: Orosito recordó que cuando se dispusieron los 1.023 millones de dólares para una “obra interprovincial en el Sur, de la cual Mendoza tenía la administración, pero no la propiedad de esos fondos”, se hizo vía Congreso nacional, a través de una afectación presupuestaria. De este modo, si la Provincia decidiera utilizar esos fondos para obras en otras regiones de Mendoza, debería ser homologado por el parlamento nacional, con la correspondiente transferencia presupuestaria al erario provincial. De lo contrario -según Orosito- el Ejecutivo mendocino estaría incurriendo en el delito de malversación de fondos públicos.
