El país registra avances concretos en la lucha contra el cohecho transnacional, con el primer caso concluido en 2025 y nuevas denuncias en investigación. Los detalles.
La Cámara Federal de Casación Penal recibió al Ministro de Justicia doctor Juan Bautista Mahiques y al Secretario de Justicia, Santiago Viola
Argentina consolida una serie de avances en la prevención y combate de la corrupción transnacional, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. Así lo refleja la reciente evaluación de Fase 4, que destaca progresos concretos en la aplicación de la ley y en la capacidad investigativa del Estado frente a delitos económicos complejos.
Este martes, la Cámara Federal de Casación Penal, bajo la presidencia del doctor Diego Barroetaveña recibió al Ministro de Justicia doctor Juan Bautista Mahiques y al Secretario de Justicia, doctor Santiago Viola. En el encuentro institucional, el Ministro expuso los lineamientos de su gestión.
Entre los hitos más relevantes, se mencionó el primer caso concluido contra una persona humana por cohecho transnacional en 2025, un precedente significativo en materia judicial. A esto se suma la detección de 17 nuevas denuncias desde la última evaluación, lo que evidencia un cambio de enfoque hacia una mayor proactividad por parte de los organismos competentes.
De la reunión en la Sala de Acuerdos del tribunal participaron: los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Diego G. Barroetaveña, Guillermo J. Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel A. Petrone, Angela E. Ledesma, Carlos A. Mahiques, Mariano H. Borinsky y Gustavo M. Hornos.
En paralelo, el país avanza en la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), considerado una de las reformas estructurales más importantes de las últimas décadas. Actualmente en vigencia en la mayoría de las jurisdicciones federales, este nuevo esquema busca agilizar los procesos judiciales, optimizar la gestión de los casos y fortalecer el rol del Ministerio Público Fiscal como eje de las investigaciones.
La reforma apunta especialmente a mejorar la respuesta frente a delitos de alta complejidad, como el lavado de activos y el soborno internacional, reduciendo tiempos procesales y aumentando la eficiencia del sistema penal.
En este contexto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsa una agenda orientada a fortalecer la capacidad institucional del sistema judicial. Entre las principales medidas, se destaca el envío al Senado de 62 ternas para cubrir vacantes judiciales, así como el avance en la conformación de listados de conjueces.
Estas iniciativas buscan robustecer el funcionamiento del Poder Judicial y mejorar su capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas y de alcance internacional.
Pese a los avances, la evaluación de la OCDE advierte que Argentina deberá profundizar el proceso de reformas para mejorar los mecanismos de prevención, detección y sanción del soborno transnacional. El fortalecimiento sostenido de las instituciones y la coordinación entre el sector público y privado aparecen como claves para consolidar estos progresos.