La iniciativa plantea declarar la emergencia por un año y establece medidas fiscales, tarifarias y financieras para evitar cierres y sostener el empleo. Los detalles.
Presentaron un proyecto para proteger a las Pymes.
Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Salvataje Nacional para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) que busca declarar la emergencia del sector y desplegar un paquete integral de medidas para evitar cierres, sostener el empleo y recomponer la actividad.
La iniciativa, impulsada por Miguel Ángel Pichetto junto a legisladores de distintos espacios opositores, propone un esquema que combina alivio fiscal, reducción de tarifas, financiamiento productivo y herramientas legales para reestructurar deudas, en un contexto marcado por la caída del consumo y el deterioro de la actividad económica.
El texto declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral por 365 días, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de “sostener el empleo y preservar el entramado productivo nacional” .
El régimen alcanzaría a empresas con certificado MiPyME vigente de los sectores industrial, comercial, de servicios y construcción, con exclusión de las firmas más grandes (medianas tramo II).
Además, se prevé la creación de un Consejo de Monitoreo dentro del Ministerio de Economía para evaluar el impacto de las medidas y seguir la evolución del sector.
Uno de los ejes centrales es la reducción del 50% en las tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua), que se implementaría mediante subsidios estatales a las empresas prestatarias para que el beneficio llegue directamente a las PyMEs.
A esto se suma:
En paralelo, el proyecto establece un Régimen Excepcional de Regularización de Deudas devengadas desde enero de 2025, con beneficios escalonados:
El proyecto también incorpora herramientas para fortalecer la actividad y mejorar la competitividad del sector.
Entre los puntos más relevantes:
En materia de financiamiento, se propone:
Uno de los capítulos más relevantes del proyecto es la creación de un Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos, pensado como una herramienta para evitar quiebras.
El mecanismo permitiría:
Durante ese período, las empresas podrían presentar propuestas que incluyan refinanciaciones, quitas, reorganización societaria o capitalización de deudas.
El objetivo es priorizar la continuidad de empresas viables y preservar puestos de trabajo, sin afectar créditos laborales, que mantienen su prioridad.
El capítulo laboral establece que las empresas que accedan a los beneficios deberán mantener los puestos de trabajo.
En ese sentido, el proyecto prevé que las firmas que realicen despidos sin causa podrían quedar excluidas del régimen, en función de los criterios que defina la reglamentación.
La iniciativa contempla además medidas para garantizar recursos:
También se propone evitar cortes de servicios públicos por falta de pago durante la emergencia, en casos de empresas alcanzadas por el régimen.
Más allá de lo técnico, el proyecto tiene una fuerte carga política. En los fundamentos, sus impulsores sostienen que las PyMEs atraviesan una situación crítica por la combinación de:
Y advierten que el escenario actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad”. Como dato, el texto señala que entre noviembre de 2023 y enero de 2026:
En ese contexto, los legisladores plantean que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”, en una crítica directa al rumbo económico del Gobierno nacional.
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