martes o miércoles

Ley ómnibus: el oficialismo no consiguió dictamen y el debate se retomará la semana que viene

La oposición le está exigiendo al Gobierno cambios para poder apoyar el proyecto.

El Senado de la Nación Argentina pasó a un cuarto intermedio en el debate en comisión de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que se retomará el martes o miércoles de la semana próxima. El Gobierno, articulado por el oficialismo, negocia con los bloques opositores dialoguistas, pero aun no tiene los cambios que le exigen para apoyar las iniciativas.

La de este miércoles fue la sexta jornada de tratamiento en comisiones desde que el documento fue girado desde Diputados. Aunque el Gobierno desistió con tener la sanción del Senado antes del 25 de mayo, tienen la intensión de enviar el proyecto lo antes posible para que la semana que viene pueda votarse en el recinto, un panorama que hoy parece muy lejano.

Las diferencias sobre los proyectos que ya fueron planteados por los senadores alcanzan a los temas vinculados con el blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), facultades delegadas, privatizaciones y cambio en el impuesto a las ganancias. Muchos de estos encontraron eco en el Poder Ejecutivo.

Los funcionarios aceptaron modificaciones en los capítulos vinculados al RIGI, donde aceptarían facilitar la participación de Pymes nacionales como proveedores y en las mismas condiciones que las empresas extranjeras, y al blanqueo de capitales, allí los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro) realizaron cuestionamientos en los plenarios de comisiones.

El oficialismo llegó esta mañana a la Cámara alta con el objetivo de llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.

Ayer, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra "disolución total o parcial".

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De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que "no todos los organismos del Estado pueden dar superávit". Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias.

"Es un tema central para los pueblos del interior". En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que "sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario". Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: "Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes". También tocó el tema previsional: "Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres".

Por otro lado, en el Salón Gris, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabla Murphy, continuaron esta tarde atendiendo las modificaciones y puliendo la letra chica del texto que, como dijo Abdala, comenzaría a correr mañana.

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