El ministro de Salud y el titular del PAMI no concurrieron a exponer en la Comisión de Salud y Acción Pública de la Cámara de Diputados.
Jubilados de San Rafael.
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, no asistieron a la Comisión de Salud y Acción Pública de la Cámara de Diputados, donde fueron citados para explicar el recorte de medicamentos gratuitos a jubilados. La medida limita el acceso a los remedios solo a quienes perciban hasta 389 mil pesos mensuales y no posean una prepaga, lo que ha generado críticas entre los legisladores y diversos sectores sociales.
El presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, condenó el faltazo de ambos funcionarios, señalando que era su obligación presentarse para justificar una política que afecta gravemente a los jubilados. Yedlin recordó que no es la primera vez que representantes del Poder Ejecutivo ignoran las citaciones del Congreso, destacando casos similares de otros funcionarios. Resaltó que esta ausencia dificulta la búsqueda de soluciones para los problemas de las personas mayores.
Según Yedlin, la medida ha afectado a "la mitad de los jubilados", quienes perdieron el acceso al 100% de los medicamentos por superar el tope de ingresos o por no poder realizar los trámites requeridos. Además, denunció que el cambio en la política de cobertura se implementó sin previo aviso, lo que generó confusión y problemas económicos entre los jubilados. Muchos de ellos se vieron obligados a dejar de comprar medicamentos necesarios debido a la imposibilidad de asumir los costos.
El presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, también criticó duramente la ausencia de Lugones y Leguizamo, acusándolos de ser "cobardes" por no presentarse a argumentar la medida. Sus declaraciones, junto con las de otros legisladores, reflejan el malestar generalizado por la falta de transparencia y diálogo en la implementación de este recorte.
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En contraste, asistieron a la reunión Eduardo Semino, secretario de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, y Juan José Bockel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Semino condenó la medida al subrayar que hay 5 millones de jubilados con ingresos insuficientes para cubrir medicamentos y que el sistema actual genera una problemática estructural al condicionar el mercado de medicamentos.
Por su parte, Bockel adoptó una posición más cauta, indicando que aún esperan respuestas a un cuestionario enviado al PAMI antes de emitir una opinión formal. Señaló que es esencial que el PAMI aclare si evaluó la capacidad económica real de los jubilados excluidos y qué mecanismos existen para solicitar revisiones en casos de exclusión injusta, con el objetivo de garantizar la equidad en las decisiones tomadas.