El Gobierno nacional emitió una resolución respecto a los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Emergencia en discapacidad: la medida del Gobierno sobre los aranceles de las prestaciones.
Foto: Freepik.El Gobierno nacional dispuso un aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad para marzo de 2026, en medio del conflicto en el sector. La medida establece un incremento uniforme que no realiza distinciones por tipo de prestación.
La información fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 13/2026 del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad, y actualizó el nomenclador, es decir, la herramienta que regula los pagos del sistema integral.
El objetivo de la norma es "conferir una actualización" a los montos de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, que pretende ser modificada por el gobierno de Javier Milei, señaló Noticias Argentinas. En enero pasado, la Justicia obligó al Ejecutivo implementar la norma sancionada por el Congreso.
El Ejecutivo estableció un aumento del 2,90% en las prestaciones a favor de las personas con discapacidad. El ajuste se aplicó sobre los valores vigentes del mes anterior, los cuales habían tenido una suba del 5,78% en febrero.
La resolución también ratificó la vigencia de un beneficio para los prestadores del sur del país del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
La actualización impactará sobre el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, creado por la Ley 24.901, que regula servicios clave para personas con discapacidad, como centros de día, prestaciones educativas, hogares, rehabilitación y transporte, entre otros.
Entre los valores actualizados, por ejemplo, un centro de día con jornada doble en categoría A pasará a $977.500,48, mientras que un hogar permanente superará los $1,83 millones. En el caso de prestaciones de rehabilitación con internación, los montos superan los $5,2 millones mensuales, indicó Ámbito.
La crisis en el sector de la discapacidad en Mendoza se profundiza e impacta de lleno tanto en las instituciones como en las familias, en medio de atrasos en los aranceles que generan una fuerte asfixia económica. Mientras el Estado lo atribuye a demoras administrativas, para quienes dependen de las terapias implica retrocesos concretos en los tratamientos.