El Juzgado Federal de Campana ordenó que la norma entre en vigencia y dio plazos al Ministerio de Salud para informar avances, pese a una apelación en trámite.
La Justicia ordenó la implementación de la norma sancionada por el Congreso.
Foto: Yemel FilEl juez federal Adrián González Charvay le fijó un plazo al Gobierno nacional para que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vigente tras el rechazo legislativo al veto presidencial. La orden judicial establece que la normativa deberá cumplirse a partir del 4 de febrero, incluso mientras se tramita una apelación del Ejecutivo.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, donde se desarrolla un proceso colectivo iniciado por padres de niños con discapacidad y que luego adquirió alcance nacional, con la participación de organizaciones civiles y organismos de protección de derechos.
Además de fijar una fecha para la plena vigencia de la ley, el magistrado otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para que informen el estado de los trámites administrativos destinados a cumplir con la sentencia.
En ese marco, el juez requirió que se detalle qué información fue solicitada por los demandantes, entre ellos la Asociación Civil por la Igualdad en la Justicia y la Asesora de Menores, todas partes intervinientes en el expediente.
La decisión judicial se adoptó sin esperar un pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, que aún debe resolver una apelación presentada por el Estado nacional.
Según explicó González Charvay, el plazo surge de los tiempos previstos en la propia ley, que establece 30 días hábiles para su reglamentación. El cómputo se realizó desde el 18 de diciembre de 2025, cuando el juez concedió la apelación del Gobierno, pero con la condición de que la sentencia se cumpla mientras se revisa el fallo en instancias superiores.
Desde el Ejecutivo, la Procuración del Tesoro había informado a comienzos de enero que se habían iniciado gestiones para poner en marcha la norma, aunque advirtió que el proceso no era inmediato y requería adecuaciones administrativas.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en julio de 2025, pero luego vetada por el presidente Javier Milei, quien argumentó la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Sin embargo, el veto fue rechazado por el Poder Legislativo, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la norma.
Pese a ello, el Gobierno incorporó un artículo en el Decreto 681/2025 para suspender su aplicación, bajo el argumento de que los legisladores no habían especificado las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.
Para el juez González Charvay, esa decisión constituyó una invasión a las facultades del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional.
En su fallo, el magistrado calificó como falaz el argumento económico esgrimido por la administración nacional. Señaló que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los costos derivados de su implementación.
Durante el proceso judicial, además, se incorporaron datos sobre la crítica situación del sector, con un fuerte desfasaje entre inflación y aranceles. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los precios subieron más de 114%, mientras que los valores de las prestaciones se actualizaron apenas 42,6%, generando una pérdida real superior al 50%.
Ese escenario derivó en cierres de instituciones y suspensión de tratamientos esenciales, uno de los fundamentos centrales de la ley de emergencia, que busca fortalecer el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas, incluyendo pensiones y pagos a prestadores.
El recurso contra la implementación inmediata de la norma fue impulsado por Santiago Castro Videla, jefe de los abogados del Estado, ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Hasta el momento, no hubo resolución, pero la sentencia sigue vigente y en etapa de ejecución.
Por ahora, ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Salud realizaron declaraciones públicas sobre la nueva intimación judicial, aunque el oficialismo prepara su respuesta dentro de los plazos fijados por la Justicia.