Detrás de la crisis en discapacidad, familias relatan la angustia de perder terapias, mientras instituciones históricas advierten sobre un cierre inminente.
Discapacidad, entre el drama de las familias y la quiebra de los institutos en Mendoza. Imagen creado por IA
La crisis en el sector de la discapacidad en la provincia de Mendoza atraviesa horas dramáticas, atrapado entre la asfixia económica de las instituciones y la angustia de las familias. Lo que para el Estado es un atraso administrativo en los aranceles, para una madre representa la pérdida de los avances logrados por su hijo en años de terapia.
El relato de quienes viven el día a día revela que el colapso no es una amenaza lejana, sino una realidad que ya golpea a los centros terapeuticos de Mendoza que esta semana cierran sus puertas en busca de una solución definitiva; en el medio, personas con discapacidad que ven vulnerados sus derechos.
En uno de los extremos del conflicto están quienes deben sostener las estructuras. Paola Pedrosa, presidenta de la comisión directiva de Thadi, describió en diálogo con Sitio Andino un panorama terminal para una asociación civil con 63 años de historia, que hoy atiende a 350 personas y emplea a 160 trabajadores.
Debido a la gravedad de la situación financiera y la falta de respuestas oficiales, la institución mantiene una medida de fuerza para este miércoles y jueves.
Durante estas jornadas, Thadi tiene cerradas sus puertas para los servicios de día (Centro de Día y Centro Educativo Terapéutico), afectando tanto a niños y adolescentes como a adultos mayores. No obstante, por la naturaleza crítica del servicio, el Hogar sigue funcionando para garantizar la integridad de los residentes.
"Tenemos leyes reglamentadas que no se cumplen y amparos ganados al Gobierno que no se hacen efectivos. Las obras sociales cortan la cadena de pagos y eso nos obliga al cese de actividades", señaló Pedrosa.
La advertencia es cruda: "Cuando las instituciones quebremos, algo que vemos como próximo, las personas con discapacidad van a quedar en sus casas sin rehabilitaciones, prestaciones ni socialización".
Para Juliana, mamá de un niño de 11 años con Síndrome de Down, el cese de actividades no es una simple interrupción de agenda; es un golpe al futuro de su hijo. El niño depende de un equipo multidisciplario (fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía y psicología) y de una maestra de apoyo para asistir a la escuela.
"Cuando los institutos o prestadores hacen paro, mi hijo no puede ir a sus terapias. Si la maestra de apoyo no asiste, él no puede ingresar al colegio, porque las autoridades no lo permiten. Por lo que el perjuicio es absoluto", explicó Juliana en diálogo con Sitio Andino.
Para ella, la paradoja es doble: es docente de apoyo y entiende el reclamo salarial, pero su mirada de madre es la que prevalece. "Sin su docente, la escuela pone trabas para su permanencia. Son horas que pierde, oportunidades y momentos de su aprendizaje que no vuelven", manifestó preocupada.
La realidad de Elisa, titular de Marea Azul y madre de una niña con autismo, refleja el impacto dominó que genera la falta de pagos. La crisis no es nueva, pero el escenario actual de falta de actualización arancelaria y atrasos crónicos ha llegado a un punto de no retorno.
"Si mi hija no puede asistir al centro educativo porque se plegó a la medida, yo no puedo asistir a mi trabajo", relató Elisa.
El problema económico se agrava por la falta de profesionales capacitados: "Pagar una niñera es algo que no puedo hacer, pero además, no todas están preparadas para cuidar a chicos con discapacidad. Si las instituciones se adhieren al paro, los perjudicados somos nosotros y nuestros hijos".
El impacto es directo y crítico. Muchos alumnos con discapacidad dependen de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) y de transporte especializado para asistir a clase. Si estos profesionales se adhieren a la medida por falta de pago, las escuelas suelen poner trabas para la permanencia del alumno, provocando que el niño pierda no solo sus terapias, sino también sus horas de aprendizaje y socialización.
Centros históricos de Mendoza, como Thadi, enfrentan una asfixia financiera terminal. Con deudas de Nación que superan los 80 días y aranceles desactualizados frente a la inflación, las instituciones no pueden cubrir sueldos ni gastos operativos básicos (alimentos, pañales, servicios). El temor es que, si cierran, miles de personas queden sin atención permanente, talleres o rehabilitación.
Durante el cese de actividades, los centros de día y centros educativos terapéuticos cierran sus puertas, afectando las rutinas de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, en instituciones que cuentan con residencia, como es el caso de Thadi, el Hogar sigue funcionando con guardias mínimas para garantizar la integridad y los cuidados básicos de quienes viven allí.