El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos y distintas modalidades de prestación de servicios dentro de la administración pública provincial.
La Provincia extendió de forma automática distintas modalidades de contratación en el Estado hasta el 30 de junio. No habrá que firmar nuevos contratos ni realizar trámites administrativos.
El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos y distintas modalidades de prestación de servicios dentro de la administración pública provincial.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 548, publicado con fecha 20 de marzo de 2026, y extiende la vigencia de estos vínculos laborales hasta el 30 de junio.
Cabe recordar que esta medida ya había sido aplicada previamente a través del Decreto Acuerdo 2736/2025, por la que el Ejecutivo había garantizado la continuidad de estos vínculos entre enero y marzo de este año.
La decisión alcanza a trabajadores que ya se encontraban desempeñando funciones al 31 de marzo bajo diversas modalidades, como adscripciones, designaciones interinas, contratos de planta temporaria, adicionales o suplementos, y también a quienes prestan servicios mediante locación de obra o servicios.
Según se detalla en los considerandos, el objetivo es evitar interrupciones en el funcionamiento del Estado mientras se ordenan las condiciones administrativas y presupuestarias. En ese sentido, se prevé que este esquema de continuidad automática tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Uno de los puntos centrales del decreto es que la prórroga se aplica de manera automática, sin necesidad de firmar nuevos contratos, adendas ni emitir actos administrativos adicionales.
Según establece la norma, las prestaciones continuarán en las mismas condiciones vigentes al cierre de marzo: mismos horarios, funciones y honorarios. La continuidad está sujeta a la efectiva prestación del servicio, salvo renuncia expresa del trabajador.
La prórroga abarca tanto personal financiado con Rentas Generales como aquellos casos sostenidos con recursos afectados de origen provincial o nacional, siempre que la recaudación lo permita.
También incluye a contratados vinculados a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), en particular aquellos asociados a obras financiadas con organismos de crédito internacional, con el objetivo de evitar interrupciones en su ejecución.
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