Las irregularidades advertidas por el Instituto Provincial de la Vivienda que terminaron en casas desadjudicadas y motivaron un proyecto de ley.
Cuántas viviendas sociales desadjudicó el IPV este año y cuáles fueron las irregularidades detectadas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza busca aval legislativo para sumar herramientas jurídicas que le permitan al Instituto Provincial de la Vivienda recuperar con mayor rapidez las casas adjudicadas a beneficiarios que registran incumplimientos, mora o usos irregulares. Los distintos casos detectados por el IPV.
La iniciativa enviada a la Legislatura propone cambios en la normativa vigente para agilizar los procesos de desadjudicación y desalojo para poder reasignarlas a otras familias que cumplan con las condiciones establecidas. Los cambios propuestos van a generar que el Estado pueda actuar con mayor celeridad frente a situaciones indebidas.
El proyecto modifica la normativa actual: la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia. "El objetivo es establecer un procedimiento sumario, rápido y expedito para recuperar aquellas viviendas que fueron destinadas a familias mendocinas y hoy están siendo utilizadas de manera irregular", indicó el Gobierno.
La propuesta nació de la detección de diversas conductas que "desnaturalizan la finalidad social de las viviendas financiadas por el Estado", explicó el Ejecutivo. Algunas de las irregularidades encontradas son: mora persistente en el pago de cuotas, abandono de viviendas adjudicadas, cesiones irregulares, alquileres a terceros, falseamiento de datos relevantes, ventas informales mediante boletos de compra-venta, publicación de viviendas sociales en plataformas de alquiler temporario.
De acuerdo con los datos del IPV aportados a Sitio Andino, correspondientes al año 2026, en la provincia se registraron 28 viviendas desadjudicadas:
Además, el instituto cuenta con 251 expedientes resueltos.
Recientemente, el IPV intimó a 19 familias adjudicatarias de distintos barrios de Mendoza por falta de pago e irregularidades, por deudas que van desde los $245.681 a los $35 millones. Si no regularizan la situación, el instituto podrá avanzar en la desadjudicación definitiva de la vivienda. Actualmente, la mora es de alrededor del 30%.
La iniciativa contempla modificaciones en las leyes anteriormente nombradas para agilizar los procedimientos actuales a través de diversas herramientas jurídicas:
Con esto, el Ejecutivo busca acelerar y mejorar los procedimientos para que el instituto pueda recuperar las casas desadjudicadas y reasignarlas a nuevos beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. Según explicaron, el proyecto parte del principio de función social de las viviendas, las cuales son financiadas total o parcialmente con fondos públicos para resolver necesidades habitacionales.
Los distintos programas que desarrolla el IPV, como Mendoza Construye en sus diversas líneas, IPV Construyo Mi Casa y Mejoro Mi Casa, priorizan a grupos familiares con ingresos que no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.