La justicia falló en un juicio civil y ordenó indemnizar, con más de $10 millones, a una mujer víctima de violencia de género.
La violencia de género le costó otra condena civil a la Provincia de Mendoza.
La justicia civil condenó, una vez más, a la Provincia de Mendoza por un caso de violencia de género. Ahora el Estado provincial deberá indemnizar a la víctima con más de $10 millones por el calvario que vivió durante más de 10 años en los que era blanco de constantes amenazas y maltratos por parte de su ex pareja.
La damnificada, de quien se reserva su identidad por ser víctima de violencia de género, tuvo que viajar por distintas provincias para evitar tener contacto con su ex y hasta decidió abandonar el país. Aún así continuaba recibiendo amenazas, maltratos e insultos por parte de su ex.
En base a las pruebas incorporadas en la causa, el Primer Tribunal de Gestión Asociada entendió que la situación vivida por la mujer implicaba “un claro caso de violencia institucional”.
La víctima, madre de dos hijos, comenzó a vivir su martirio en diciembre del 2010, cuando realizó la primera denuncia contra su ex pareja, un “trapito” que frecuentaba la zona de la Plaza Godoy Cruz y que fue identificado como Ricardo Aravena.
La justicia dictó una prohibición de acercamiento hacia el hombre, pero lejos de cumplirla, desde ese momento comenzó un constante maltrato hacia la mujer, con amenazas a través de mensajes, llamadas y audios.
En el 2012, y ante una situación desesperante, la mujer decidió abandonar la provincia y viajar a Mar del Plata junto a su nueva pareja e hija. En tanto que su otro hijo quedó al cuidado de los abuelos.
La decisión no solucionó nada. El hombre logró contactar a la víctima y volvió a amenazarla, por lo que la mujer decidió viajar a Córdoba, donde vivió en un albergue de Cáritas.
La mujer denunció lo ocurrido en un sinfín de ocasiones, pero las autoridades policiales y judiciales le aseguraban “que no podían hacer nada”.
De esta forma, la damnificada tuvo que viajar luego a Chile, pero en el vecino país no tuvo éxito y debió regresar a Mendoza.
En la presentación judicial, la mujer aseguró que durante años fue víctima de golpes, mordidas y hasta puntazos, por parte de Aravena.
Por todo este martirio, la mujer recibió asesoramiento legal y asistida por los abogados Rodrigo Betancour y Mariana Dumit, demandó al Estado provincial.
Los jueces le dieron la razón. En el fallo de primera instancia, los jueces indicaron que “es claro que ha existido un retardo, una obstaculización, un impedimento, e inclusive, una falta de servicio Estatal” con respecto a la Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
En ese sentido, agregaron que la situación “comprometía seriamente la responsabilidad Estatal”. Y luego señalaron: “Los avatares que ha tenido que transitar la mujer, que surgen no solo del expediente penal del que se ha hecho cronología, sino especialmente por los testimonios e informes periciales de las psicólogas actuantes en la causa, implican una clara subsunción de los hechos en un caso de violencia institucional”.
De esta forma, establecieron una indemnización de $10 millones, monto al que se le deberán agregar los intereses ocasionados hasta la fecha.