La defensa oficializó su recurso de casación y ahora la causa contra Walter Bento entra en otra etapa luego del juicio de primera instancia.
Walter Bento y su abogado, Mariano Fragueiro, durante el juicio que terminó con la histórica condena.
La defensa de Walter Bento presentó un extenso recurso de casación para intentar revertir la condena de 18 años de prisión dictada en el histórico juicio por coimas en la justicia, donde se analizaron distintos delitos en más de 30 imputados, varios de ellos declarados culpables.
En más de 500 páginas, los abogados del ahora exjuez federal cuestionaron desde el inicio de la investigación hasta la validez de las pruebas y la forma en que se desarrolló el debate oral.
De esta forma, presentaron cuatro recursos por Walter Bento, Marta Boiza, Nahuel Bento e incluso por Luciano Bento, quien fue absuelto por falta de acusación pero los letrados entienden que se ordenó el decomiso de todos sus bienes, aunque la pericia oficial dijo que tenía los fondos suficientes para las adquisiciones.
Uno de los ejes centrales de la apelación es el cuestionamiento al delito de cohecho. Según el recurso, el tribunal condenó a Bento sin acreditar el supuesto acuerdo ilegal entre el juez y terceros para recibir beneficios a cambio de resoluciones judiciales.
La defensa afirmó que el fallo se basó únicamente en decisiones tomadas por Walter Bento en expedientes judiciales, pero sin identificar cuándo, cómo ni con quién se habría concretado ese acuerdo.
Los abogados también atacaron la condena por enriquecimiento ilícito. En la presentación señalaron que nunca existió un requerimiento formal para que Bento justificara el origen de su patrimonio, algo que consideran indispensable para configurar ese delito.
Para la defensa, la sentencia violó el derecho de defensa y el principio de legalidad al condenarlo sin haber cumplido ese paso previo.
El recurso sostiene que el tribunal construyó un “razonamiento circular”, utilizando los presuntos hechos de corrupción para demostrar la existencia de la asociación y, al mismo tiempo, usando esa asociación para probar los hechos de corrupción.
Además, los abogados remarcaron que no existió una estructura criminal estable ni un acuerdo concreto entre los acusados para cometer delitos indeterminados.
La apelación dedica varios capítulos a cuestionar el origen de la causa. Allí se sostiene que la investigación comenzó “sin expediente y sin control jurisdiccional” antes de su formalización oficial.
Además, la defensa afirmó que el fiscal Dante Vega tenía una “enemistad pública” con Bento desde años anteriores y que intervino en distintas etapas del proceso, desde la instrucción hasta el juicio oral.
Otro de los puntos fuertes del recurso es el cuestionamiento a varios testimonios considerados clave durante el proceso.
La defensa aseguró que algunos arrepentidos y testigos denunciaron presiones o se retractaron durante el juicio oral. Entre ellos mencionaron a Diego Barrera, Leopoldo Ríos y Alejandro Aramayo, quienes —según el planteo— terminaron denunciando supuestas coacciones para incriminar al exjuez.
Finalmente, los abogados sostuvieron que la condena no podía dictarse porque el Ministerio Público Fiscal no realizó un pedido concreto de pena al cerrar sus alegatos.
Según la apelación, esa omisión vulneró el principio acusatorio y dejó al tribunal “sin acusación válida” para avanzar con la condena.
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