La compra de 130 nuevos dispositivos permitirá que todo el personal policial cuente con herramientas de baja letalidad.
La Policía de Mendoza avanza en la implementación y modernización de los dispositivos electrónicos de control (DEC), comúnmente conocidos como pistolas Taser. En relación con la compra realizada, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que se trata de “la compra más grande en la historia de Mendoza”.
La funcionaria agregó que “son 130 unidades con tecnología de última generación, que serán incorporadas progresivamente a las fuerzas policiales de la provincia y bajo estrictas capacitaciones que deberán realizar para poder portarlas”.
El uso de las Taser, hasta ahora restringido a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) integradas por Grupo Especial de Seguridad (GES) y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quedará habilitado para todo el personal policial que cumpla con la formación correspondiente.
Las Taser 7 presentan mejoras tecnológicas que las diferencian notablemente de los dispositivos actuales. A diferencia de los 18 dispositivos Taser con los que cuenta la fuerza policial, que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas, estas nuevas pistolas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente —uno de corto alcance y otro de largo alcance—, lo que facilita procedimientos escalonados de advertencia y control.
Además, cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad de uso de la descarga eléctrica. En cuanto a sus especificaciones, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios.
El instructivo establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de estos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares vigentes en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados, y en situaciones críticas, se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente. El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.