El Foro sobre la Trata de Personas en contexto de explotación sexual y laboral se llevará a cabo en la Legislatura.
El exfuncionario judicial Eduardo Garzuzi fue condenado a siete años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, una chica que tenía 20 años al momento de la denuncia. La pena fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1, a cargo de Carolina Prado.
El fallo se produjo en el marco de la “causa Nora”, que se inició hace tres años, cuando la familia de la joven de ese nombre hizo una denuncia por trata para conseguir su rescate. Apuntaron contra Garzuzi y otro funcionario judicial, Eduardo Zanello, también funcionario judicial, a quien señalaron como el supuesto “entregador”.
El proceso de captación y sometimiento comenzó en 2019 y la joven fue rescatada el 5 de junio del 2020. En su teléfono se encontraron mensajes y fotos enviados por el exfuncionario judicial en los que le ofrecía drogas y alcohol.
Prado entendió que en el juicio se comprobaron los hechos denunciados por la familia de la víctima, y que no fue un caso más de violencia de género, sino que el hecho debía ser encuadrado como un delito de trata de personas. Garzuzi fue condenado también a hacer una “reparación económica” a la víctima por $2.058.712.
Cuando la madre de Nora hizo la denuncia, la joven de 20 años tenía “consumo problemático de drogas”; el victimario aprovechó su adicción para obligarla a alejarse de su familia, someterla, golpearla y violentarla recurrentemente. En la presentación se señaló que la explotaba con fines sexuales y la mantenía en “condiciones deplorables” con ayuda de otras personas.
Cuando fue rescatada, fue internada involuntariamente por su consumo problemático de drogas; según señaló la familia de la víctima, en el lugar de internación la chica recibió a uno de los denunciados, quien se hizo pasar por su padre y le entregó “objetos que no estaba autorizada a tener”. Garzuzi trabajaba como funcionario judicial de Tribunales II, en la Dirección de Policía Judicial.
En una de las audiencias del juicio, la víctima contó que Garzuzi la había “preparado” para decir que “si pasaba algo, ella tenía que sostener que eran pareja y que ella lo amaba”.
Natalia, hermana de Nora, relató en su declaración que un día –ante el pedido de la joven– la fue a buscar a un departamento céntrico: “Cuando la vi, estaba muy mal. Bajó por unos minutos y estaba toda sucia, drogada, con la ropa sucia , descalza, no recuerdo bien, pero tengo el recuerdo de que estaba descalza, que tenía los pies inmundos”.
El hombre la invitó a subir y, según relató, le comentó que “le estaba enseñando a drogarse”. “Estaban en una etapa de aprendizaje. De aprendizaje, así me decía”, declaró. Del departamento describió que “había ratas”. ”No me olvido más de eso, había dos ratas”, afirmó; se refería a unos hámster que tenía Garzuzi y que andaban sueltos por el lugar.
Frente al fallo, la hermana de Nora señaló: “Si bien la condena es menor a los 10 años que pidieron la fiscalía y la familia, a través de la querella, creemos que los hechos por los cuales Garzuzi fue acusado fueron probados y que la Justicia tuvo que reconocer que Garzuzi es responsable del delito de trata agravado por la explotación sexual, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de mi hermana y por las amenazas a mi familia y particularmente a mi mamá, amenazas que buscaban garantizar que no denunciáramos lo que estaba haciendo y, así, garantizarse la impunidad”.
El apellido Garzuzi es conocido en San Rafael, ya que su hermana también fue noticia cuando fue acusada de sonantes compensaciones de deuda de la Dirección de Administración de los Activos de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social (DAABO) en muchos oscuros manejos.
Situaciones como estas, han provocado un serio daño a la imagen que supo elaborar con dedicación el médico Eduardo Abraham Garzuzi, reconocido por su trabajo al frente de la Asociación de Lucha contra Desórdenes Alimentarios.